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Pablo Celi se defendió de las acusaciones en su contra ante la Comisión de Fiscalización

Pablo Celi se defendió de las acusaciones en su contra ante la Comisión de Fiscalización
Twitter Asamblea Nacional
26 de julio de 2021 - 18:21 - Redacción Web

El excontralor, Pablo Celi, acudió este lunes 26 de julio de 2021 a la Asamblea Nacional para presentar su defensa ante la Comisión de Fiscalización, dentro del proceso de juicio político en su contra. El exfuncionario de Estado arremetió contra los legisladores y les acusó de desconocer las acciones que debe ejercer un Contralor.

Celi arribó a la sede Legislativa con custodia policial, pues permanece con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Esta fue su primera aparición pública desde que lo detuvieron por las investigaciones.

"El desvanecimiento de glosas se ha satanizado; desvanecer no es ilegal, no se puede crear de ello un fantasma", dijo durante su comparecencia, en relación a la acusación sobre el mal manejo de glosas para beneficiar a terceros en contratos con Petroecuador. El exfuncionario agregó que dicha acción estaba normada en la ley como derecho al debido proceso.

En su intervención, Celi también cuestionó que las pruebas en el caso Las Torres sean usadas como causal de incumplimiento de funciones. Agregó que el hecho de estar vinculado en la causa no es suficiente para llevarlo a juicio político. La Fiscalía investiga su participación en un presunto delito de delincuencia organizada.

Con respecto a sus vinculaciones con Daniel Salcedo y su empresa, Celi aseguró que él no participó en la contratación de la compañía HDC Producciones. “La suscripción del contrato con HDC no se da por delegación del contralor para ese proceso. Se da por delegación para todos los procesos de contratación", indicó el exfuncionario.

El asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES) anunció tres denuncias contra Celi. Estas son: arrogación de funciones en el cargo de contralor subrogante; incumplimiento de funciones en el desvanecimiento de glosas durante su administración a varias empresas contratistas con el Estado; y, extralimitación e interferencia de funciones en las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE), durante el proceso electoral 2021.

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