El Ministerio de Trabajo solicitó un examen especial a los contratos colectivos suscritos en las empresas públicas Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Petroecuador.

La solicitud fue presentada este 1 de julio de 2024 por la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, ante la Contraloría General del Estado (CGE).

El Ministerio de Trabajo informó que esta petición, que se sustenta en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, de ser el caso.

También se apunta a obtener –en el caso que así se determine- la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos, en los que se han infringido las normas legales de conformidad con el artículo 26 de la LOEP.

Los contratos que serán revisados:

- Primer contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y el Comité de Empresa de los Trabajadores, suscrito el 18 de mayo de 2021.

- Primer contrato colectivo de trabajo entre la Empresa Pública de Hidrocarburos de Ecuador (Petroecuador) y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetrapep) suscrito el 15 de noviembre de 2017.

- Al proceso de tercera revisión del contrato colectivo de trabajo entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y el Comité de Empresa Nacional de Trabajadores, suscrito el 10 de noviembre de 2023.

- Segundo contrato colectivo de trabajo entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Comité de Empresa de los Trabajadores (Cetracelec) suscrito el 10 de enero de 2018.

El Ministerio de Trabajo mencionó que la CGE deberá realizar los exámenes especiales a las empresas públicas referidas, sobre la base de la suscripción de los contratos colectivos que se aprobaron “sin contar con los dictámenes previos del Ministerio de Economía y Finanzas”; así como, el traslado -obtenido mediante acción de protección- de los servidores amparados en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) hacia el Código del Trabajo, “desconociendo de esta manera la condición de regímenes legales diferentes”.