Este 7 de mayo de 2024, la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas  para asegurar la asignación de los recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Con esta normativa se establece que los ingresos permanentes y no permanentes que les corresponden a las prefecturas y municipalidades deben entregarse durante los cinco primeros días de cada mes.

#LaNuevaAsamblea Con 106 votos afirmativos el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes, a los Gobiernos Autónomos… pic.twitter.com/Z9yuRWKs6P

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 7, 2024

La normativa fue iniciativa del actual presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, junto con el legislador Jhonny Terán, durante el periodo pasado.

Kronfle mencionó hoy que la entrega de los recursos debe hacerse a las subcuentas de cada municipio. Añadió que con esta Ley se evita reglamentos que interfieran con la aplicación y define sanciones en caso de incumplimiento.

Esas subcuentas tendrán que ser generadas por el Banco Central para que las asignaciones anuales sean predecibles, directas, automáticas y se hagan efectivas mediante las transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

Para que el Banco Central pueda realizar las transferencias automáticas en el plazo señalado, el Ministerio de Finanzas deberá remitir el detalle de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado; además de la asignación que corresponda a cada GAD.

La iniciativa se aprobó con el voto de 106 asambleístas, sobre todo de los bloques correísta, Partido Social Cristiano y Construye. Hubo 14 abstenciones que vinieron de la bancada oficialista ADN.

Sin embargo, no todo está dicho. El presidente Daniel Noboa tiene la facultad de vetar parcial o totalmente este proyecto. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, en caso de veto total, la Asamblea podrá a tratar el proyecto  después de un año, a partir de la fecha de la objeción enviada por el Ejecutivo.