El exvicepresidente Jorge Glas fue detenido la noche del viernes 5 de abril del 2024, tras irrumpir en el interior de la sede de la Embajada de México, en Quito. Sobre él existía una orden de detención desde el 6 de enero de este año por un presunto caso de peculado cuando cumplía funciones en el Estado. Es la tercera causa de corrupción abierta en su contra.

La primera sentencia ejecutoriada que recibió el exvicepresidente fue en diciembre del 2017, cuando un tribunal lo declaró culpable de cometer asociación ilícita en el caso Odebrecht. Según determinó la justicia, la empresa extranjera pagó 33,5 millones de dólares en coimas a funcionarios estatales para la adjudicación de contratos y señalaban que Glas estuvo al tanto de todo ello.

Junto a otras siete personas, Glas fue procesado y perdió su cargo como vicepresidente, que había obtenido en reelección seis meses atrás. Seis años de cárcel fue la sanción emitida, la cual hizo que cumpliera la pena privativa de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga.

En abril del 2020, Glas recibió su segunda condena. Ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso denominado Sobornos 2012 – 2016, que involucraba a otras exautoridades de Estado como el expresidente Rafael Correa.

La fiscalía acusó a 21 personas de participar en un entramado de corrupción del que se habrían obtenido aportes económicos irregulares para financiar campañas electorales del Movimiento Alianza PAIS durante los últimos cuatro años del gobierno de Correa. Esto a cambio de otorgar contratos estatales.

Las dos sentencias de Glas se acumularon, en lugar de sumarse, por la legislación de ese entonces. En 2022 obtuvo medidas cautelares para cumplir el tiempo restante fuera de la cárcel, aunque con la imposibilidad de abandonar el país. En 2023 incluso habría tenido aspiraciones políticas de participar en las elecciones presidenciales, por el Movimiento Revolución Ciudadana, pero desistió.

Sin embargo, a finales de ese año, la Fiscalía abrió un nuevo proceso penal, por peculado, en el Caso Reconstrucción de Manabí. Allí lo que se investiga es una supuesta malversación de fondos públicos que debían destinarse para obras de remediación y reconstrucción en la provincia más afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Según la tesis de la Fiscalía, Glas y otros dos exfuncionarios habrían efectuado un “abuso de dinero público”. En la formulación de cargos, el Ministerio Público alegó que obras como la construcción de la vía Manta – Colisa (la más costosa del país), la construcción del Parque Las Vegas en Portoviejo o el tramo de acceso al Puerto de Manta habrían salido de los fondos de la Ley de Solidaridad, que eran “específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto”.

Por ello, el 6 de enero le formularon cargos al exvicepresidente, quien ocupó ese cargo entre 2013 y 2017, lo que resultó en una orden de prisión preventiva, anulando su prelibertad por las otras dos sentencias. Glas ya llevaba casi un mes en la Embajada de México, donde requirió el asilo político. El Ecuador cuestionó esa solicitud, pues las sentencias y procesos penales abiertos en su contra eran por corrupción.