La actual Asamblea inició la noche de este 25 de enero de 2024 su primer juicio político. Se trata de la interpelación en contra del exministro de Inclusión Social, Esteban Bernal. Su interpelante, el legislador Eckenner Recalde expuso las pruebas y pidió la censura del exfuncionario.

Pasadas las 23:30, el Pleno del Legislativo votó por la moción de censura. Con 100 votos afirmativos, 2 negativos, y 12 abstenciones, dicha moción fue aprobada.

Este fue el primer proceso que llegó al Pleno desde que en noviembre pasado se posesionó la actual Asamblea. A Bernal se lo acusó de incumplir sus funciones al retirar el bono de desarrollo humano a un grupo de beneficiarios sin notificar a los afectados.

El pedido se presentó durante la legislatura pasada por parte del exasambleísta de Pachakutik, Mario Ruiz. En la actual Asamblea, el Pleno decidió que, al no estar Ruiz, Recalde sería el interpelante.

#LaNuevaAsamblea | @EckennerR expresa su indignación con el proceder del exministro de @InclusionEc, @EstebanBernalB, “jamás les interesó apoyar a quienes más necesitaban”. Asimismo, menciona que ha estado en territorio con su equipo de trabajo y verificaron que son más de 34.907… pic.twitter.com/XtCHanTOTY

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 26, 2024

A las 21:45 del 25 de enero, el legislador terminó su intervención con el pedido de que se proceda con la censura política. Entre las pruebas que presentó Recalde estuvieron videos con testimonios de los afectados por el retiro del bono.

Recalde también señaló que él pudo verificar que son más de 34.907 personas que no habían sido notificadas con su exclusión del beneficio del bono de desarrollo humano.

Cerca de las 22:00, Bernal inició con su defensa. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el interpelado tiene un plazo de hasta tres horas para presentar sus descargos.

Mencionó que su interpelante no tenía clara la razón sobre por qué se planteaba el juicio político. Esto porque Ruiz había mencionado en la Comisión que el pedido de interpelación fue por no haber notificado a los beneficiarios que perderían el bono y no por el retiro como argumentaba Recalde.

También indicó que el proceso de enjuiciamiento político estaba viciado desde el inicio y citó un caso suscitado en Perú sobre el cual se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto porque, a su parecer, la Comisión de Fiscalización actuó como juez y parte.

Explicó que habrá personas que continuarán saliendo del registro para la entrega del bono ya que se hace un análisis y se puntúa a quienes son beneficiarios. Si superan el rango establecido ya no pueden recibir el beneficio.

Ahora, Bernal no podrá ocupar cargos públicos por dos años.