El pasado 18 de mayo, Marlon Santi y Salvador Quishpe coordinador y asambleísta de Pachakutik, respectivamente,  presentaron una nueva acción constitucional en Morona Santiago que buscaba frenar la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, pero no fue aceptada.

A la que sí se dio paso, fue a la presentada el pasado 20 de mayo del 2022 por las mismas personas, en Quito. Este 27 de mayo de 2022, un juez de la Unidad Penal, del cantón Quito, confirmó que se otorgaron medidas cautelares a favor de la presidenta del Legislativo y dispuso al pleno que se abstenga de conocer el informe de la comisión Ad Hoc que recomendaba su separación del cargo.

 Los solicitantes dicen que se vulneraron los derechos de participación en la conformación de la comisión pluripartidista. Y aseguran que la “comisión mulpartidista fue creada sin respetar la representación y derecho de decisión del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, por lo que no postularon delegado para su integración”.

Alegan que el asambleísta Peter Calo, designado como parte de la comisión, no fue delegado por la bancada Pachakutik y que la designación de los miembros de la comisión se hizo “sin permitir la participación de los representantes de cada partido y bancada legislativa o de los asambleístas que las conforman en su conjunto”.

Con la resolución del juez, Llori deberá llamar a una nueva sesión del Pleno para conformar una nueva comisión multipartidista con miembros designados “democráticamente” por las bancadas.