Diego González, director general de la Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), admitió que existe el riesgo que la casa que compraron María Belén Bernal y Germán Cáceres sea rematada a futuro. Esto, debido a la mora en la que pueda entrar si no hay alguien que pueda mantener los pagos establecidos. 

Como es de conocimiento público, Cáceres es buscado por la justicia ecuatoriana e internacional -tiene alerta roja de la Interpol- por la muerte de Bernal, hecho que se habría producido en el interior de la Escuela Superior de Policía. En este contexto, el funcionario policial, en entrevista con ECUADOR TV, precisó que de momento hay dos meses atrasados, pero que se pondrán al día con la indemnización profesional que el hoy prófugo debía recibir tras ser desvinculado de la institución. 

"De este valor se cubrirán las dos cuotas vencidas, para que el crédito vuelva a condiciones normales. Sin embargo, se proyecta que vuelvan a darse vencimientos, que al llegar a los seis meses operará el departamento de cobranza", indicó González. "Este es un crédito hipotecario que corresponde al 85% del avalúo del bien, desde diciembre del 2020 por 114.000 dólares. Hasta el momento se han cancelado 4.000 dólares del capital. Hay un valor pendiente de capital de 110.000 dólares", agregó.

¿Cómo podría la familia de María Belén Bernal evitar la pérdida de esta vivienda? González manifestó que "como solución, la posibilidad es que alguien haga el pago de los 110.000 del capital. Pero, de ese valor, el 50% le correspondería a Bernal y el 50% a Cáceres, al ser una sociedad conyugal".

Otra interrogante que surgió era si el seguro de desgravamen aplicaba en este caso. El Director de la entidad dijo que "no opera porque el prestamista principal fue Cáceres. Si hubiera fallecido hubiera aplicado. Él está prófugo, pierde derechos de libertad si es detenido, pero no de propiedad".

Sobre este tema, González confirmó que se le explicó a Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, en una reunión. Ella expresó también a ECUADOR TV su temor por perder la casa, ya que su propósito es que quede de bien para el hijo de la pareja, Isaac. Sin embargo, no cumplirse con los pagos, el proceso de embargo se realizaría en un año, tras los trámites legales de cobros.

Otavalo pide ayuda a las autoridades, para evitar que esto suceda y pueda mantener la vivienda, con este objetivo final. "El trámite para remate tomaría al menos un año y el ISSPOL no tiene prioridad en rematar este bien, sabiendo el contexto de este caso", concluyó González, para que se encuentre una solución.