El pasado 21 de enero las fuerzas del orden realizaron una de las incautaciones de droga más grandes de los últimos años en el Ecuador. Se trató de cerca de 22 toneladas que estaban ocultas en medio de una plantación de banano.

Este jueves, 25 de enero de 2024, el Ministerio del Interior informó que esa misma droga sería encapsulada y destruida en un proceso que tardaría unas 11 horas. Pero, ¿por qué es tan importante que la droga que se incauta se destruya de inmediato?

En 2022 hubo riesgo en la seguridad de los custodios de los centros de acopio donde se almacenaba la droga incautada, debido a que fueron blancos de atentados por los grupos criminales que intentaron recuperar la mercancía.

En 2021, la Policía Antidrogas capturó 210 toneladas de sustancias ilícitas, y para septiembre de 2022 solo había logrado deshacerse de menos de la mitad. Los centros de acopio colapsaron con otras 200 toneladas más que se incautaron en diferentes operativos de ese mismo año.

¿Por qué se demoraba la destrucción de droga?

Por tres factores:

Primero: la manera en que se destruía, que era la incineración. Según lo detallaba en 2023 a El País, Edmundo Mera, en ese entonces, subsecretario de Sustancias Sujetas a Fiscalización del Ministerio del Interior: “Incinerar 70 kilos de clorhidrato de cocaína toma un tiempo aproximado de una hora, por las condiciones químicas de la droga”.

Mientras que con el método de encapsulamiento se puede destruir en el mismo tiempo hasta 1,8 toneladas, esa cantidad en el horno tomaría dos semanas, “es 270 veces más rápido”.

Segundo: uno de los gestores autorizados para encapsular la droga está cerca de Quito y el 80% de la droga que se incauta está en la costa ecuatoriana. Es decir, a 8 horas de la capital.

Tercero: el proceso judicial. Por cada captura de droga se abre un expediente judicial, que se asigna a diferentes jueces que deben viajar como veedores del proceso cuando se destruye.

Hay una demora en que el juez asigne la fecha de destrucción porque él y su secretario tenían que viajar y estar dos semanas fuera de su despacho. Ahora los jueces pueden regresar el mismo día o delegar a uno que esté más cerca del gestor ambiental.

Eso se consiguió con la aprobación de un protocolo de actos urgentes entre el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura, organismo que administra la justicia, y que ahora debe ponerse en práctica.

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