La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional instaló este lunes, la sesión para receptar las pruebas de cargo en contra de María Paula Romo, ministra de Gobierno.

El pedido fue presentado por los asambleístas Roberto Gómez (CREO), Lourdes Cuesta (independiente) y Amapola Naranjo (RC), quienes argumentan supuestas acciones y omisiones durante las manifestaciones registradas en el paro nacional de octubre de 2019.

El proceso se cumplió luego de 10 meses de que se presentó la solicitud de juicio en contra de la funcionaria.

Los interpelantes señalaron que la ministra ordenó un uso no adecuado de la fuerza, además dispuso el uso de bombas lacrimógenas caducas y reconoció el uso de bombas en centros de paz (sector de las universidades) cuando su deber era mantener el orden.

El primero en intervenir fue el legislador interpelante Roberto Gómez, quien detalló que Romo es responsable de poner en riesgo la integridad de los policías al dotar a los agentes materiales en mal estado.

Explicó que si la intención de los policías era mantener el orden, pero eso no fue efectivo ya que los gendarmes contaban con bombas caducas, lo que no permitió que cumplan con su trabajo de repeler sus labores para repeler a los agresores.

El legislador @GomezRobertoA explica que los ministros que dejaron incendiar #Quito, entregaron a la @PoliciaEcuador implementos en mal Estado y atacaron con gases a lugares de acogida y, por tanto, deben responder políticamente. pic.twitter.com/cYIaQ44mNo

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 19, 2020

Gómez también refirió que no se dio protección a los periodistas que cubrieron los eventos del paro nacional. Proyectó videos en donde se observa que los uniformados, que llevan cascos, tobilleras, chalecos y escudos, agredieron a los comunicadores que acudieron a las coberturas.

Gómez también señaló que hubo un mal procedimiento de la Policía. Indicó que se obstaculizaron las tareas humanitarias. Incluso se lanzaron bombas lacrimógeno al interior de las universidades Católica y Salesiana.

Mencionó que el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica el delito de obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.

Lourdes Cuesta, también interpelante, aseguró que Romo incumplió funciones durante las manifestaciones de octubre. Aseguró que, incluso en su contra, hay pruebas de una participación en el "reparto de hospitales".

La legisladora reiteró que el incumplimiento de sus funciones se evidenció al no garantizar con la seguridad de los ciudadanos. De ahí el número de personas con graves heridas. 

Amapola Naranjo continuó con su ponencia. Señaló que hubo un grave error, dentro de la dotación de bombas lacrimójenas caducas  a los agentes. 

La legisladora reiteró que es obligación de la Comisión investigar los pormenores de este hecho. "La ministra tiene que dar explicaciones", expresó. (I)