Además de la prohibición de portar armas blancas en Quito, en la reforma a la Ordenanza Municipal de este jueves 2 de junio del 2022, en la que se incluyó una sanción para quienes vendan licores en espacios públicos. Esta será complementaria a la ya vigente sobre el consumo en los espacios públicos.

El castigo para quienes incumplan con estas restricciones será el 25% de un Salario Básico Unificado (SBU). Esto, luego que con 17 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones se aprobó, en segundo y definitivo debate, la Ordenanza Metropolitana reformatoria del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito. El propósito es prevenir los riesgos y amenazas.

En este cuerpo legal se juntan acciones de prevención, atención, protección y sanción dentro del ámbito de las competencias metropolitanas.

La Ordenanza cuenta con siete capítulos que se refieren al Sistema Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Políticas, Uso adecuado del Espacio Público, Territorialización de las políticas de seguridad, participación ciudadana y control social, evaluación, resultados y sanciones.

Cabe mencionar que como arma blanca se considera a todos aquellos elementos cortantes, punzantes, corto punzantes y corto contundentes tales como cuchillos, navajas, puñales, puñaletas, punzones, manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, cortaplumas, patas de cabra, estoques, dagas, sables, espadas o cualquier otro objeto con características similares, que puedan ser utilizadas como armas de carácter defensivo u ofensivo para amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 478 del Código Orgánico Integral Penal.

No obstante, la normativa aclara que no se considerarán armas blancas aquellos elementos que las personas evidencien que se utilizan de manera específica y comprobable en actividades laborales, profesionales o de comercio en espacios públicos.

Para su efecto, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) será el ente encargado de ejecutar todos los procedimientos administrativos sancionadores por el cometimiento de las infracciones tipificadas en la normativa legal nacional y metropolitana vigente.

Por el incumplimiento de las prohibiciones relacionadas con el porte y comercialización de armas blancas en espacio público, la multa será correspondiente a un salario básico unificado, es decir, USD 450. Esta normativa entrará en vigencia una vez que el alcalde, Santiago Guarderas, la suscriba, lo que tomará entre uno o dos días. El concejal Bernardo Abad aclaró que como espacio público se considera