El presidente Guillermo Lasso envió a la Corte Constitucional dos nuevos decretos ley de urgencia económica: Decreto Ley de apoyo financiero a favor de Beneficiarios Coactivados de Créditos Educativos, Becas y Ayudas Económicas; y Decreto Ley de Reestructuración Empresarial.

El primero, que fue anunciado días atrás ante estudiantes y padres de familia, apoyará de manera definitiva a aliviar la carga financiera de personas con procesos coactivos por temas educativos. Entre algunos de los beneficios que contempla el decreto están:

Eliminar el 100% de intereses, multas y recargos generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago en créditos educativos y ayudas económicas.

Permitir mejorar la calificación crediticia de los usuarios mediante la eliminación del reporte de las operaciones en coactivas para el buró de crédito.

Las personas que se encuentren desempleadas tendrán un periodo de gracia de seis meses para pagar sus deudas.

Se amplía el beneficio de la condonación total o parcial del crédito para quienes tienen algún grado de discapacidad o sufren enfermedades raras o catastróficas.

Incentivará el pago del capital pendiente.

Con esta decisión no solo se aliviará las deudas, también contribuirá a que jóvenes puedan insertarse a la vida productiva sin una coactiva.

En cuanto al Decreto Ley de Reestructuración Empresarial, esta es una iniciativa que determina los mecanismos normativos para que las empresas que afrontan dificultades financieras puedan alcanzar acuerdos con sus acreedores y reestructurar su organización para así mantener su operación y funcionamiento.

Considerando las afectaciones económicas y productivas que causó la pandemia en las industrias del país; sumado a los impactos que se prevén devendrán con la llegada del Fenómeno El Niño y otros factores, esta propuesta contribuirá a mantener una economía saludable, fomentar la inversión, proteger a los acreedores y preservar los empleos. En esencia, busca viabilizar la subsistencia de estas compañías promoviendo acuerdos preconcursales y procesos formales de reestructuración eficientes.

Además, pretende fortalecer al sector privado ecuatoriano, preparándolo de manera más efectiva para hacer frente a los desafíos económicos que podrían surgir como resultado de estas situaciones emergentes.

Todas las sociedades mercantiles sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, incluyendo, las sucursales de compañías extranjeras radicadas en el país pueden acogerse al procedimiento administrativo de reestructuración establecido en este decreto-ley.

Con relación a compañías cuyo negocio o giro operacional fuere inviable, buscando el aprovechamiento del patrimonio de la sociedad deudora y la protección del crédito, el decreto permitirá una disolución y liquidación pronta y ordenada.