El primer intento por adelantar el tratamiento de los pedidos de juicio político presentados en el actual periodo legislativo fracasó. Después del exministro Fernando Santos Alvite están las solicitudes para enjuiciar al también exministro Juan Zapata y a la fiscal Diana Salazar.

La mayoría correísta en la Comisión de Fiscalización no logró los votos necesarios para iniciar ese juicio político. El problema surgió porque antes del pedido para el exministro de Energía, la mesa legislativa debe evacuar los procesos de la anterior legislatura.

Para el constitucionalista Gonzalo Muñoz, el trámite del pedido contra el exministro de Energía no terminó. Mencionó que lo que debe hacer la Comisión es evacuar los pedidos de juicio previos para calificar el de Santos Alvite.

La Comisión de Fiscalización está integrada por cuatro legisladores del correísmo, uno del Partido Social Cristiano (PSC), uno de Gente Buena y tres del oficialista ADN.

Esta vez, el acuerdo entre RC, PSC y ADN no funcionó. Los cuatro votos a favor de calificar el juicio a Santos Alvite fueron del correísmo. El resto cuestionó el que no se respete el orden cronológico.

La Comisión de Fiscalización y Control Político informa que no se calificó el juicio político en contra del exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. pic.twitter.com/HngeeHYaAI

— Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) December 12, 2023

Pamela Aguirre (correísmo), presidenta de la Comisión, argumentó que la documentación sobre los juicios previos no había llegado hasta el viernes pasado que se hizo la convocatoria para la sesión de ayer.

Después, la Secretaría de la Asamblea y la misma legisladora coincidieron en que la documentación llegó ayer en la mañana. Sin embargo, la Mesa continuó con el intento de calificación del pedido en la sesión de la tarde.

En su cuenta de X, Aguirre dijo que “la Secretaría General concluyó la entrega de expedientes hoy (lunes 11 e diciembre) de manera posterior a la notificación de tres juicios políticos cuyos plazos son inexorables y de obligatorio cumplimiento”.

Sin embargo, González recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé plazos para casos como estos.

La normativa señala: “Si durante el proceso de sustanciación de un juicio político, el Consejo de Administración Legislativa remitiera una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la Comisión”.