El Gobierno Nacional cuestionó la decisión de la Asamblea Nacional de conceder amnistía a ciudadanos involucrados en las protestas de octubre de 2019. El consejero de gobierno, Diego Ordóñez, reiteró que, para el Ejecutivo, se ha cometido una “injusticia”.

La mañana de este jueves 10 de marzo de 2022, cinco horas después de que el Pleno de la Asamblea aprobara la amnistía a 263 personas, Ordóñez brindó un pronunciamiento oficial para cuestionar la decisión del Parlamento. El Gobierno critica que no se incluyera al personal de la fuerza pública, también procesado por los hechos suscitados en las manifestaciones sociales.

“Lo obvio y lógico era la amnistía también para todos aquellos que de alguna forma tuvieron participación en esos eventos. No solo aquellos que estuvieron en la calle”, señaló. Funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas no fueron tomados en cuenta. “Ellos estuvieron precautelando el orden y evitando que los desmanes lleguen a mayores”, agregó.

El consejero mencionó que al Ejecutivo no le queda más opción que respetar la decisión de la Asamblea, en concordancia con el respeto a la independencia de funciones, pero mantiene su postura de cuestionarla. “Nos solidarizamos con los ciudadanos de Quito que sufrimos los actos violentos”, acotó Ordóñez.

El exasambleísta recalcó que el Legislativo tiene la potestad de tomar ese tipo de resoluciones, pero desde el lado oficial buscarán los mecanismos para que la amnistía también ampare a las Fuerzas Armadas y a la Policía.

Horas antes, el presidente Guillermo Lasso hizo un llamado a recordar los daños que sufrió Quito durante las protestas y discrepó con la decisión de la Asamblea. De los 263 amnistiados hay personas judicializadas por defensa de la naturaleza, justicia indígena y territorios comunitarios. Sin embargo, personajes involucrados directamente en las manifestaciones también resultaron beneficiados.