“Hemos considerado con mucha responsabilidad y seriedad su requerimiento, y sin embargo, nos ratificamos en el criterio de que la educación presencial y el funcionamiento pleno de las instituciones educativas, lejos de aumentar el nivel de riesgo de reclutamiento o a la integridad física de los estudiantes, es un factor que evita que se sumen a actividades delictivas”. 

Este fragmento es parte de la carta-respuesta del Ministerio de Educación a Luis Chonillo, alcalde de Durán. Él solicitó el cambio de modalidad de presencial a virtual por los altos índices de inseguridad en el cantón. 

Educación insiste en su misiva que las instituciones educativas han logrado establecerse como espacios en donde no se han suscitado asesinatos de menores de edad. “Esta situación no es simplemente casual, sino una lección que la historia mundial de los conflictos armados nos ha proporcionado”. 

En la carta además se explica que desde el 16 de febrero de 2023 se expidió el “Plan Nacional Escuelas Seguras” y el “Protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del Sistema Educativo”. Su finalidad es coordinar la implementación de acciones de prevención del delito y la violencia social, para fortalecer la seguridad ciudadana en las instituciones educativas y sus zonas de influencia, buscando garantizar que sean espacios seguros y de protección para el desarrollo integral de la comunidad educativa.

Entre las acciones que se realizan y no se necesitan una autorización adicional están: 

-La emisión de directrices de ejecución del Plan a cada una de las Zonas y Subzonas correspondientes a las instituciones educativas priorizadas y a cada uno de los Comandantes y Jefes de las Zonas y Subzonas correspondientes a las instituciones educativas priorizadas.

-El despliegue de los servidores policiales directivos y técnicos operativos de la Policía Nacional en territorio para la ejecución del Plan, en cada una de las jurisdicciones de las instituciones educativas priorizadas.

-Presencia policial en los exteriores de las instituciones educativas priorizadas durante el ingreso y salida de los estudiantes, o en el caso de ser necesario durante toda la jornada educativa; y, la realización de patrullajes preventivos en los espacios públicos aledaños a las instituciones educativas priorizadas. 

-Activar los protocolos, manuales, procedimientos en delitos flagrantes y no flagrantes en el sistema educativo.

-Ejecutar estrategias de prevención del delito, desde la prevención comunitaria, prevención situacional ambiental y prevención social, en coordinación con las instituciones educativas priorizadas en el marco de los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Nacional.

-Realizar el levantamiento de información en temas relacionados al microtráfico, para la intervención correspondiente con las unidades especializadas de la Policía Nacional en las instituciones educativas priorizadas.

-Activar el servicio del chat comunitario con la Comunidad Educativa de las instituciones educativas priorizadas.

-Coordinar la activación del servicio de videovigilancia con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en las instituciones educativas. Implementar el botón de seguridad en todas las instituciones educativas priorizadas. 

Además se explica que se pidió la ampliación de las unidades priorizadas para el Plan de Escuelas Seguras. Actualmente son 220 unidades educativas a escala nacional. "Desde el Ministerio de Educación hemos pedido al Ministerio del Interior se considere ampliar el número de puntos priorizados como medida de protección de nuestra comunidad educativa. Asimismo, hemos solicitado intensificar los operativos de registro de instituciones educativas seleccionadas fuera de horarios de clases y sin presencia estudiantil, por su seguridad". 

Los datos 

La cartera de Estado además dio datos sobre muertes violentas de niños, niñas y adolescentes. Así: 

De acuerdo con los datos oficiales sobre homicidios intencionales reportado desde el Ministerio del Interior, de enero a mayo de 2023, han existido 147 asesinatos y 1 sicariato a niñas, niños y adolescentes entre 4 a 18 años. Ninguno de estos casos ha sucedido al interior de una unidad educativa. De estos lamentables casos, 23 han sucedido en los domicilios o villas y 95 en la vía pública.

A esto se suma los datos de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación, con corte 13 de septiembre de 2023, indican que entre el 2022 y 2023 se han registrado 18 casos de fallecimiento de estudiantes. De estos, 11 han sido víctimas de muertes violentas y de balas pérdidas en balaceras. Los hechos se suscitaron fuera de sus domicilios o cerca a estos (8 casos) y en los exteriores de las instituciones educativas (3 casos), fuera de la jornada escolar.