En Ecuador una mujer trans es asesinada a balazos por negarse a pagar “vacunas”. Ella era trabajadora sexual. Por otro lado, Amanda migró a otro país con sus padres ya que no le quieren reconocer su cédula como mujer. Estos son dos casos alarman a la comunidad LGBTIQ+ y se suman a las estadísticas que maneja la Fundación Pakta.

Por ejemplo, detallan que las muertes violetas perpetradas contra miembros de la comunidad LGBTIQ+ se duplicaron en 2023. Bernarda Freire, presidenta de la entidad, menciona que en 6 meses ya suman 18 asesinatos.

Freire explica que esta cifra responde únicamente a los crímenes cometidos por cuestión de su orientación sexual. Sin embargo, son más las personas que han muerto o sido violentadas por otras razones como robos o secuestros. En 2022, se contabilizaron 9 muertes violentas y del 2014 al 2021 fueron 36.

Para la fundación, esto ocurre principalmente por la inseguridad que se vive a escala nacional, pues los miembros de la comunidad son generalmente más vulnerables. “Estamos en una posición en la que nuestros derechos, requerimientos o peticiones son los menos atendidos”, dice Freire.

A ello se suma un reciente estudio elaborado por la Universidad San Martín de Porras, de Perú, y la organización PreviMujer, cuyos resultados evidencian que 4 de cada 10 estudiantes ecuatorianos LGBTIQ+, que siguen la carrera en su nación, han sufrido violencia. El informe asegura que cada uno de ellos fue víctima de al menos 15 agresiones mientras cursaban sus estudios.

Estos ataques provienen, principalmente, de sus compañeros, pero también de profesores o personal administrativo. Los mensajes intimidatorios los reciben a través de sus redes sociales, correos o llamadas telefónicas.

Falencias en el Sistema de Justicia

Efraín Soria, presidente de Fundación Equidad, considera que los números no evidencian toda la realidad. Esto, por la ausencia de un registro único a en todo el país. “El sistema de Justicia no ha sido expedito al momento de poner la denuncia. Existe un total subregistro. La Fiscalía no tiene categorizado los delitos de odio por identidad de género, producto de ello es la impunidad”, enfatiza.

Pero la problemática no acaba allí, según Soria cuando las víctimas se acercan a denunciar se encuentran con un sistema conservador. Un informe elaborado, junto con Fiscalía, evidencia los altos niveles de homofobia en los servidores públicos, quienes anteponen sus creencias personales antes que la atención al denunciante.

Incluso se han registrado casos en los que los servidores no conocen sus roles o cargos. “Las violencias que vivimos son sistemáticas, sociales y también del Estado. El tema de indefensión no solo va de la mano de la ciudadanía, sino que los funcionarios públicos no saben cómo actuar dejando de lado sus preceptos”, dice Danilo Manzano, director ejecutivo de Diálogo Diverso.

De allí que está pendiente una reunión con la titular de esa entidad, Diana Salazar, para crear guías de acción.

Acciones de las organizaciones

Pero mientras aquello ocurre, desde Diálogo Diverso, ya se trabaja con otros organismos del Estado para garantizar el acceso a la justicia. Manzano relata que este último mes, junto a la Defensoría del Pueblo, se presentó un protocolo de actuación para ayudar de forma efectiva a quienes llegan buscándola.

Asimismo, cuentan con el programa Mi Casa de Fuera de Casa para atender no solo a quienes han sufrido violencia, sino también a sus familias. Gracias a ello 15.000 personas anuales acceden a atención psicológica, médica y legal.

Manzano considera que para evitar que las agresiones sigan creciendo es importante trabajar en el sistema educativo para concientizar sobre el respeto a la diversidad de género; y posteriormente mejorar el acceso a salud y empleo.