Desde el 28 de noviembre pasado de 2023, la Contraloría aprobó informes con indicios de responsabilidad penal con un posible perjuicio al Estado de USD 46,6 millones. El dato se desprende de un informe de la entidad tras sus 100 primeros días de gestión.

Después de seis años sin un contralor titular, en noviembre pasado se posesionó Mauricio Torres. El organismo aprobó 426 informes generales de auditoría y remitió 62 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía General.

De acuerdo con la Contraloría, los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. Eso se desprendió de contratos de obra, entre ellos, el de la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo.

También hay cuestionamientos al mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal.

“Se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT)”, señala el informe.

La Contraloría también informó que, entre el 28 de noviembre y el 6 de marzo, se confirmó responsabilidades civiles y administrativas por USD 38 millones. “Entre ellas consta la glosa por el perjuicio a Seguros Sucre por más de USD 11 millones”, señaló la entidad.