La Contraloría General del Estado confirmó una glosa de $2,5 millones en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito por irregularidades en la adquisición de pruebas contra el covid-19 entre mayo y julio de 2020, durante la alcaldía de Jorge Yunda. 

La glosa, que también será para la empresa proveedora, determinó que "los reactivos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en las cláusulas del contrato", por lo que se generó un perjuicio económico para el estado ecuatoriano.

Como evidencia, la Contraloría suscribió el informe técnico realizado por el Hospital Carlos Andrade Marín, que determina que las pruebas adquiridas por el Municipio no eran PCR, sino pruebas LAMP, que no tienen la especificidad y sensibilidad del 99% al 100% como se estableció en el contrato con el Municipio.

La Contraloría añadió que la Secretaría de Salud del Municipio tampoco solicitó a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) el análisis y control de calidad de los productos entregados. 

Para culminar, la entidad también encontró que el contrato entre el Municipio y la empresa que entregó los kits se finalizó en julio de 2020 sin sustento legal y por mutuo acuerdo, a pesar de que el contratista no cumplió con el pedido y solo entregó 88 500 de los 100 000 kits.