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Ecuador, 23 de Diciembre de 2024
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Consejo Provincial de Pichincha archivó el caso Soledad Padilla

El Consejo Provincial de Pichincha investigó el caso de Soledad Padilla por petición de las Alcaldías de Quito y Rumiñahui.
El Consejo Provincial de Pichincha investigó el caso de Soledad Padilla por petición de las Alcaldías de Quito y Rumiñahui.
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La Comisión de Fiscalización del Consejo Provincial de Pichincha archivó la investigación relacionada con Soledad Padilla, exfuncionaria de la Prefectura.

El ente administrativo indicó que la decisión se da porque no se encontraron irregularidades.

Este proceso inicialmente fue solicitado por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz y el alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza. Las dos autoridades pidieron que se indague sobre las actividades y funciones que realizaba Soledad Padilla Morán en la Prefectura.

Pero desde la Dirección Administrativa de esta última entidad se informó que la Contraloría General del Estado ha efectuado 44 exámenes especiales a la gestión de la prefecta Paola Pabón y cuatro de ellos han sido sobre el tema de talento humano.

“Todos han sido solventados y se han cumplido al 100% con las recomendaciones señaladas”, acotó.

Los datos oficiales indican que Padilla ingresó a laborar en la Prefectura de Pichincha desde 2019 y que se cumplió con todos los procesos legales para su contratación.

Además, señalaron que se ha entregado a la Contraloría y a la Fiscalía “todos los documentos que reflejan las funciones asignadas y el trabajo que cumplió hasta agosto del 2023”.

El caso de Soledad Padilla empezó a investigarse después de la publicación de audios en los que se señalaba supuestas irregularidades en su paso por la función pública.

En la Fiscalía también hay un proceso abierto por una denuncia que Padilla hizo en contra del exvicepresidente Jorge Glas, con quien había trabajado como asesora. La exfuncionaria lo acusa por un presunto delito de intimidación. En tanto, Glas también interpuso otra denuncia por extorsión.

Ayer se realizó una audiencia por el caso de intimidación. En la diligencia judicial debía tomarse la versión de Luisa González, Marcela Aguiñaga y Paola Cabezas. Sin embargo, ninguna asistió.

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