Un informe realizado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador sugirió que se finalice el contrato entre el Municipio de Cuenca y una empresa privada, por el manejo de los radares de la ciudad. Los asambleístas atribuyen a supuestas inconsistencias en el proyecto. 

La Comisión estuvo a cargo de la investigación de un contrato suscrito en febrero de 2022 entre la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca (EMOV) y el consorcio para la instalación de 32 fotoradares para controles de velocidad en 16 puntos de la capital azuaya. 

Según el legislador Bruno Segovia, el consorcio se beneficiará de un 40% de los ingresos de las multas de los fotoradares durante los próximos 12 años y aclaró que los informes divulgados por la alcaldía de Pedro Palacios -quien va por la reelección- no son transparentes. 

En la investigación entregada por el asambleísta azuayo a la Comisión de Fiscalización se detalla un presunto sobreprecio en los equipos para controlar la velocidad y una supuesta triangulación del distribuidor en la traída de los aparatos hacia Ecuador. 

A pesar de que el informe de la Asamblea Nacional no es vinculante puede ser usado por otras entidades como la Contraloría del Estado o la Fiscalía del Ecuador, en caso de existir responsabilidades penales.