La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no aprobó el informe para juicio político contra los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La resolución se tomó el martes 8 de noviembre del 2022 con tres votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

La Comisión trataba el posible juicio de los consejeros, acusados por cuatro asambleístas de la bancada de Pachakutik de un supuesto incumplimiento de funciones, pero finalmente el pedido de mayoría no dio paso. Ahora, la mesa de Fiscalización deberá remitir a conocimiento del presidente de la Asamblea un informe de posiciones, para que sea el pleno quien defina si censura o no a los miembros del CPCCS.

En contexto, el borrador del informe, de conformidad con lo determinado en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), establecía responsabilidades políticas individualizadas por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial; por la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura; por la reforma al Reglamento para la Designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado; y, por la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, sin revisar el cumplimiento de requisitos de los postulantes propuestos en la terna del Ejecutivo.

No obstante, en el debate hubo opiniones diversas sobre la actuación de cuatro de los consejeros de Participación Ciudadana en la reforma del Reglamento, así como en la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo pero, de los siete funcionarios cuestionados solo David Rosero no tenía responsabilidad en las referidas causales, por lo que el legislador Pedro Velasco propuso se apruebe el informe excluyendo del juicio político a Rosero.

La moción propuesta por el asambleísta Pedro Velasco registró tres votos afirmativos, cuatro en contra y dos abstenciones, insuficientes para aprobar el informe con la recomendación de juicio político.