La lista no es corta. En los últimos años, en Ecuador han sonado casos de corrupción, por ejemplo, Las Torres, Sobornos, INA Papers, Encuentro, Reconstrucción de Manabí, entre otros. Y, el último registrado es el caso Metástasis que involucra a 38 personas, entre ellas, jueces, policías, fiscales y funcionarios públicos. Según la Fiscalía, se investiga presunta corrupción en la función judicial y posibles nexos con Leandro Norero, asesinado y acusado de narcotráfico. 

La madrugada del jueves, 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía realizó 75 allanamientos en siete provincias del Ecuador. Producto de ello se detuvieron a 31 de las 38 personas señaladas. En esta lista destaca el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramirez, entre otros. 

A esto se suma que se encontró cerca de USD 44.000 en efectivo; 25.000 en la casa de Terán. El dinero fue incautado, al igual que dispositivos electrónicos y de almacenamiento, y documentación. 

Hasta el momento, el juez Felipe Córdova dictó prisión preventiva para 16 de los implicados, entre ellos, Terán; a 14 se les dio medidas sustitutivas, entre ellos, Ramírez; y un arresto domiciliario. 

Aquí recordamos algunos de los casos más sonados de corrupción en Ecuador, con información publicada por la Fiscalía General del Estado: 

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Las Torres 

Posible delito: delincuencia organizada

La Fiscalía investiga la presunta estructura delincuencial que habría funcionado durante el Gobierno de Lenín Moreno, la Contraloría General del Estado y Petroecuador. Presuntamente se habrían gestionado coimas a cambio de pagos de facturas y desvanecimiento de glosas correspondientes a contratos entre Petroecuador y la empresa Nolimit, en el periodo 2017 y 2020. 

En febrero de 2023, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia contra 11 procesados. El excontralor, Pablo Celi, y Pablo F. fueron condenados a 13 años y cuatro meses en la cárcel, en calidad de autores. 

A ellos se suman Natalia C., exasesora de la Gerencia de Petroecuador; y Daniel O., exgerente de Refinación de Petroecuador, reciben la sentencia de nueve años y cuatro meses de cárcel por su condición de funcionarios públicos. Para Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L. y Ángelo R. se impone la pena de siete años de prisión por sus acciones de colaboración en el delito de delincuencia organizada. Por su parte, Martha B. recibe la pena reducida de seis meses de prisión, debido a la cooperación eficaz.

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Encuentro 

Posible delito: delincuencia organizada

La Fiscalía General del Estado realiza una investigación por presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares. “Ellos pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas”, según la entidad. 

En enero se realizaron ocho allanamientos simultáneos en Guayaquil y uno más en Quito en las viviendas de los investigados. Meses después, en octubre, la fiscal del caso acumula la investigación del denominado caso ‘León de Troya', en el presente. 

Y el 24 de noviembre, el juez dispone arresto domiciliario para Danilo C., debido a que es mayor de 65 años. Mientras que para Julio L., Roberto B. y Antonio I. ordena prohibición de salida del país y presentación una vez por semana en Fiscalía. Además, Jorge O. deberá presentarse semanalmente en el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos.

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Sinohydro

Presunto delito: cohecho

En este caso -antes llamado INA Papers- se investigó una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Habría operado entre 2009 y 2018. “Se habrían pagado alrededor de USD 76 millones en coimas –aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra–, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias”. 

La fiscal Diana Salazar indicó que están procesadas 37 personas, entre ellas, el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno; dos hermanos y cuñados del exmandatario. 

En junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa dictaminó la presentación mensual del exmandatario y su esposa en la sede diplomática de Ecuador en Asunción de Paraguay, lugar donde reside. Ese mismo mes se vincularon a tres personas más en este caso. 
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Reconstrucción de Manabí 

Presunto delito: peculado 

La entidad determinó la presunta existencia de abuso de dinero público para el beneficio de otras personas naturales o jurídicas. Ellos habrían sido contratistas y fiscalizados de los contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

Sin embargo, cuatro años más tarde, en 2019, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (T) envía una denuncia a Fiscalía sobre hechos relacionados al abuso de dineros públicos, utilizando fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.

Un año después, en 2020, “Fiscalía recibe una nueva denuncia, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por el presunto delito de delincuencia organizada, mencionando la reunión que se llevó a cabo el 22 de mayo de 2017 –entre el  expresidente del Comité para la Reconstrucción, Jorge G.; Carlos B., en calidad de secretario del Comité; que contó con la presencia del gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, Pablo O.–, en la cual se priorizaron 584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción, construcción o de reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto”. 

En 2023 se unifican los hechos y se da paso a la investigación para la formulación de cargos contra Jorge G. y otros funcionarios. 

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Sobornos 2012-2016 

Presunto delito: cohecho 

Este caso está relacionado con la entrega de presuntos aportes irregulares por parte de contratistas del Estado en beneficio de un movimiento político. Los montos habrían recibido funcionarios del Gobierno de Rafael Correa. 

Aquí la Fiscalía detuvo a Pamela M., exasesora del exmandatario, y Laura T., exasistente de Presidencia. A ellas se sumaron 14 personas más, entre ellas, el expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, el exsecretario de Comunicación, Vinicio Alvarado, y más.