Judicatura acatará inmediatamente la decisión del juez Walter Macías sobre vocales
El Consejo de la Judicatura (CJ) se pronunció sobre la decisión del juez Walter Macías de llamar a juicio a los vocales Juan José Morillo, Maribel Barreno y el juez de Pichincha Vladimir Jhayya.
La Fiscalía acusó a los tres funcionarios de haber participado en el presunto delito de tráfico de influencias. Barreno y Morillo fueron señalados como coautores y Jhayya como cómplice.
Esto ocurrió durante la audiencia preparatoria de juicio, que arrancó el 27 de septiembre del 2023, en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
Además, el juez dictó prisión preventiva contra Barreno y dispuso la localización y captura de la funcionaria
También ordenó notificar al Ministerio de Trabajo sobre la resolución contra Barreno, Morillo y Jhayya "para que se tramite la inhabilidad de ejercer el cargo a los tres procesados", indicó la Fiscalía.
Tras conocer esta decisión, la Judicatura dijo que cumplirá la orden judicial emitida por el magistrado Macías. La Dirección General de la Judicatura dijo que acatará "en su integralidad y de manera inmediata" lo dispuesto.
Además, la entidad dijo que cumplirá la orden judicial de "conformidad con los procedimientos administrativos de rigor. Por lo tanto, se ha dispuesto a las áreas técnicas instrumentar inmediatamente las acciones necesarias".
?#COMUNICADO | Respetuosos del marco jurídico vigente, informamos a la ciudadanía que el @CJudicaturaEC cumplirá la orden judicial dictada en la causa 17721-2022-00039G. pic.twitter.com/vxa4HFkR0H
— Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) September 28, 2023
La acusación fiscal
Según la fiscal general, Diana Salazar, los funcionarios los tres procesados en este caso habrían ejercido influencia en otros servidores judiciales para fallar en una causa.
De hecho, durante la audiencia de ayer (27 de septiembre del 2023), la Fiscalía presentó 44 evidencias.
Por otra parte, los imputados rechazan las acusaciones de Fiscalía y sostienen que todas su actuaciones se han enmarcado en la legalidad y que no han cometido el delito de tráfico de influencias.