Mateo -nombre protegido- tenía apenas 5 años cuando fue víctima de agresión en una escuela privada del sur de Quito. Su maestra le pinchaba constantemente con una aguja en su espalda, brazos, entrepiernas y trasero. 

Esto le ocasionó un daño “terrible”, ya que el pequeño -quien padece de autismo y epilepsia- cambió su comportamiento. Continuamente estaba irritable, se orinaba en la cama y, lo peor, es que convulsionaba más seguido, recuerda su abuela Ximena Freire. 

“Notamos un cambio muy grande, ya que se enojaba mucho. Producto de ello tenía episodios de epilepsia frecuentes; eran tan fuertes que le ingresamos al Hospital Baca Ortiz para que le den tratamiento”, explica la mujer. 

En este espacio -cuenta Freire- la familia de Mateo descubrió que era víctima de agresión. El niño, quien ahora tiene 9 años, les confesó que la profesora de reemplazo le pellizcaba y le pinchaba con una aguja. Incluso, su cuerpo tenía señales del maltrato: raspones, pichazos y más. 

De inmediato, la familia denunció el caso a las autoridades de la institución privada y reclamaron a la docente; además solicitaron ayuda a la rectora del plantel. Sin embargo, no tuvieron la acogida esperada. “Nos dijeron que iban a investigar, pero seguía pasando”. 

El niño iba a la escuela y regresaba muy nervioso. Cuando volvía, lo único que hacía era pellizcarnos las manos y mirarnos con pavor. “Un día, una brigada de salud les visitó para vacunar a los menores del barrio. Mateo vio las agujas y se asustó demasiado”. 

De hecho, el pequeño aún tiene miedo a las agujas, pese a que han pasado casi cinco años del execrable acontecimiento. Este tiempo ha sido de una lucha constante, aclara esta abuelita, quien recuerda que afortunadamente el plantel educativo cerró sus puertas por deudas. “Se debe sentar un precedente para que no haya violencia a niños; menos aún si se trata de menores que tienen alguna discapacidad, como Mateo quien padece autismo”. 

¿Por qué se reactivó el caso de Mateo? Este martes, 18 de septiembre de 2023, será la audiencia de juzgamiento de la docente que agredió al pequeño, quien cumplirá 10 años en diciembre. Será en la Unidad Judicial Quitumbe, en el sur de Quito, cerca de la Plataforma de Desarrollo Social Sur. 

Freire indicó que irá con otros colectivos para rechazar la agresión que vivió su nieto. “Esperemos que se haga justicia y que otros niños no vuelvan a vivir violencia”. 

Inclusión no es agresión #Autismo pic.twitter.com/u2luhQXaYs

— vladimir andocilla (@vandocilla) September 17, 2023

Ministerio de Educación activa protocolos en casos de violencia 

La viceministra Diana Castellanos, en entrevista a EL TELÉGRAFO, indicó que cualquier persona de la comunidad educativa puede activar los protocolos en caso de violencia: familiar, estudiante, docente, Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), autoridad, etc. “Con ello se generan las alertas necesarias y se activan los procesos de forma rápida”.

Quien está en conocimiento del caso -dice Castellanos- tiene que avisar a la autoridad del plantel o al profesional del DECE. Luego se hace un informe para el Distrito (en caso de que haya ocurrido en el establecimiento) y a la Junta Cantonal de Derechos (si ocurrió fuera del colegio).  

El proceso sirve para emitir medidas de protección en el interior del plantel y  comenzar con el proceso sancionatorio al agresor o agresora. En casos de violencia sexual se coloca la denuncia en Fiscalía, ya que es un tema penal. 

¿A quién se separa en casos de violencia? Castellanos indicó que se coloca una medida de protección inmediata para separar al agresor de su víctima. “Implica que el presunto agresor o agresora salga del entorno para evitar una nueva agresión o revictimización… Cuando se pone en conocimiento se activan las medidas de protección. Esto ocurre en todos los sostenimientos: fiscal, particular, municipal y fiscomisional”.

¿Las personas que están involucradas en casos de violencia pueden vincularse nuevamente con menores de edad? La viceministra de Educación indica que con la anterior ley de educación había un “vacío legal”. “Las sanciones más graves eran el retiro permanente del permiso de funcionamiento por temas de violencia. En este año, por ejemplo, se han dado dos sanciones de este tipo en Quito. Pero, con la ley actual, si se retira el permiso de funcionamiento por violencia, la persona queda inhabilitada de volver a abrir un centro educativo. Si se trata de un docente fiscal y hay sumario administrativo por violencia existe la misma inhabilidad”. 

Estos son los datos de violencia escolar en Ecuador (registros administrativos, entre 2022 y lo que va de 2023)

-230 casos de acoso 

-127 desapariciones

-1.652 embarazos adolescentes

-422 intentos autolíticos

-381 casos de maternidad temprana

-142 casos de negligencia (cuidado de entornos familiares)

-33 casos de suicidio 

-55 casos de trabajo infantil 

-1.186 casos de consumo 

-984 por violencia física

-873 violencia psicológica

Sobre temas de violencia sexual, la cartera de Educación tiene datos más robustos: 2.153 casos se han reportado. De ellos, 70% de los agresores están fuera del sistema educativo y el restante ha ocurrido en los establecimientos.