Un exrepresor argentino beneficiado por el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia para reducir su condena, decisión que desató marchas y repudios, volvió a prisión por otra causa, informó este sábado el ministerio Público Fiscal.

El exagente paramilitar Luis Muiña, (63 años) condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983) fue arrestado el viernes por la noche por dos homicidios ocurridos en esos años a pedido de un fiscal que alegó peligro de fuga del acusado que debe afrontar juicio.

Había sido beneficiado en mayo pasado por un fallo del tribunal supremo bajo el llamado '2x1' que permite reducir la condena al computar doble el tiempo pasado en prisión preventiva a la espera de condena.

Muiña estaba en libertad condicional cuando el fallo de la Corte le otorgó la libertad plena que perdió el viernes al ser arrestado nuevamente.

Aquel fallo desató una ola de indignación que cobró fuerza en una multitudinaria marcha con decenas de miles de personas en la Plaza de Mayo el 10 de mayo pasado, con réplicas en todo el país.

El fallo generó una rebelión judicial y numerosos fiscales rechazaron pedidos de exrepresores en prisión para obtener igual beneficio que Muiña.

El Congreso zanjó la cuestión y aprobó sin fisuras una ley para frenar la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad en un país donde decenas de jucios están en marcha contra los responsables de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y robos de niños.

Tras la sanción de la nueva ley que impuso límites a la aplicación del '2x1', la Corte Suprema anunció que se expediría tomando la nueva legislación en varios casos por resolver, sin embargo aún no lo ha hecho.

En la jurisprudencia Argentina los fallos de la Corte Suprema establecen antecedentes que luego son seguidos por tribunales inferiores.

En 2005 se derogaron las leyes de amnistía para los autores de crímenes de lesa humanidad, lo que permitió dictar 689 condenas por tortura, secuestro y asesinato de opositores, según un informe judicial a junio de 2016.

Según organismos humanitarios, la dictadura dejó unos 30.000 desaparecidos mientras cerca de 500 bebés fueron robados al nacer de sus madres en cautiverio. De ellos 122 recuperaron su identidad merced al trabajo incansable de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. (I)