Asociaciones de víctimas del franquismo calificaron de "histórico" el sábado el pedido de detención de 20 imputados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1939-1975) y la guerra civil españolas (1936-1939) que realizó una jueza argentina.

"Es histórico", declaró María Arcenegui Siemens, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

"Hoy es un gran día", agregó.

Tras el final de la dictadura, "de un día para otro" se "ha pasado en este país de un régimen a una democracia, pero no ha sido depurado".

Carlos Slepoy, uno de los abogados de quienes presentaron la denuncia, dijo a la AFP que "es la primera vez" que se imputa a exministros franquistas en nombre de la justicia universal.

En una resolución de unas 300 páginas difundida el viernes, la jueza argentina María Servini de Cubría justificó su pedido de captura en que "los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

La orden es el resultado de una investigación que condujo a Cubría a escuchar testimonios en España de víctimas del franquismo en el País Vasco, Andalucía y Madrid.

Las asociaciones de víctimas acudieron a los tribunales argentinos por las dificultades para llevar el caso ante la justicia española en razón de una ley de amnistía de 1977.

Servini de Cubría consideró que podía actuar en virtud del principio de justicia universal, luego de que el entonces juez español Baltasar Garzón, que llevaba el caso ante la justicia española, fuera inhabilitado.

La magistrada ya había pedido en 2013 la extradición de dos expolicías franquistas acusados de presuntas torturas, el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 75 años, y el exinspector de la brigada político-social Juan Antonio González Pacheco, de 67 años, más conocido como "Billy el Niño".

La justicia española denegó el pedido bajo el argumento que los crímenes imputados no constituyen delitos de lesa humanidad y además prescribieron hace años.

A finales de 2013 un grupo de querellantes viajó a Argentina para testificar ante Servini, quien pidió la apertura de los consulados argentinos en todo el mundo para facilitar la recepción de denuncias.

Las asociaciones de víctimas calculan que se produjeron más de 110.000 desapariciones forzosas y hasta 300.000 bebés robados durante el periodo investigado.