El Tribunal Supremo de España ha hecho pública este viernes 5 de julio de 2019, la sentencia íntegra del caso de 'La Manada', que impuso 15 años de prisión a los cinco acusados de violar a una chica de 18 años durante los Sanfermines de 2016, por hallarlos culpables de cinco delitos de agresión sexual.

Uno de ellos, Antonio Manuel Guerrero Escudero, fue sentenciado a un total de 17 años de cárcel, ya que cometió un delito adicional de robo con intimidación (al sustraer el móvil a la víctima de la agresión sexual) que conlleva una condena de dos años de prisión.

Aunque el contenido esencial de la sentencia ya ha sido ampliamente difundido por los medios, el Alto Tribunal no había publicado el texto jurídico completo hasta hoy.

En él, los magistrados aseguran que los miembros de 'La Manada' actuaron "con pleno conocimiento" de que la víctima no había expresado su consentimiento, y les reprocha su jactancia de los hechos, incidiendo en que celebraron "una violación" como si se tratase de "un triunfo".

El tribunal expone en su sentencia que la joven fue agredida sexualmente múltiples veces en un periodo de tiempo relativamente breve, mientras se encontraba "agobiada", "impresionada", y "sin capacidad de reacción". El texto destaca que los condenados llegaron "a agredirla sexualmente hasta en 10 ocasiones en un periodo de tiempo de 1 minuto y 38 segundos, conociendo que estaba sola y embriagada".

Uno de los debates públicos más frecuentemente asociados a esta sentencia del Supremo ha girado en torno a la supuesta influencia o presión que los medios de comunicación o el clima de opinión pública hubieran podido ejercer sobre la resolución de los magistrados.

La sentencia, sin embargo, se pronuncia con claridad a este respecto cuando expone que "no hay duda de que la causa se ha desarrollado tras un proceso con todas las garantías".

Un caso con profundas repercusiones sociales
El caso de 'La Manada' ha generado abundante controversia desde que la noticia saltó a los medios de comunicación. A las polémicas surgidas a lo largo del proceso –como la filtración de los datos de la víctima o el cuestionamiento de su vida privada –, se sumó una primera sentencia de la Audiencia de Navarra, que tipificó el delito cometido como abuso sexual, con una sentencia de 9 años de prisión. Esta decisión generó un fuerte rechazo social, especialmente intenso entre los colectivos feministas.

La indignación por aquel fallo produjo una notable movilización: la consigna de 'No es abuso, es violación' se escuchaba en numerosas manifestaciones por todo el país, y bajo el lema 'Yo sí te creo' se gestó un movimiento que reclamaba una reforma en la Justicia española, a la que se acusó de tener un sesgo patriarcal. (I)