Vicepresidente argentino evita juicio político
El Congreso argentino rechazó este jueves someter al vicepresidente, Amado Boudou, a un juicio político tras ser inculpado por hechos de corrupción cuando era ministro de Economía en 2010.
La Comisión de Juicio Político rechazó "in limine" ocho pedidos de congresistas de oposición para enjuiciar a Boudou, que por su condición de vicepresidente y titular del Senado, goza de fueros que impiden su arresto.
Boudou perdería estos fueros sólo si renuncia a su cargo o es destituido por juicio político. El delito de "cohecho" que pesa sobre el vicepresidente es penado con prisión de uno a seis años, según el código penal argentino.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada oficialista Adela Segarra, dijo que el bloque oficialista está "alineado" en la defensa de Boudou, porque el "vicepresidente electo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".
Boudou, primer vicepresidente argentino en ser procesado en ejercicio de sus funciones, fue acusado de haberse quedado --a través de la empresa fantasma The Old Fund y de un testaferro-- con el 70% de la empresa Ciccone, que tiene el monopolio de la impresión del papel moneda, a cambio de haber intervenido para evitar la quiebra de esa firma cuando era ministro de Economía.
El procesamiento, dictado el viernes pasado, sorprendió al vicepresidente en medio de una gira oficial por Cuba y Panamá de donde regresó el miércoles.
Poco antes de partir al extranjero, su defensa había solicitado una ampliación de la indagatoria del 9 de junio, cuando declaró como imputado por más de siete horas.
El abogado de Boudou, Diego Pirota, había anticipado que apelaría el procesamiento ante la Cámara Federal.
La mandataria Cristina Kirchner no se ha pronunciado públicamente respecto al procesamiento de Boudou, quien accedió a la vicepresidencia en 2011 tras ganar la fórmula encabezada por la Presidenta con 54% de los votos.
Boudou desistió el jueves en la mañana de volver a declarar sobre su procesamiento por sobornos y "negociaciones incompatibles" como funcionario público, con un escrito dirigido al juez Lijo en el que lo acusa de haber planificado su inculpación sin intenciones de escuchar su versión de los hechos.
