Buenos Aires

El gobierno de Cristina Fernández recibió un duro golpe de la justicia. Su vicepresidente, Amado Boudou, fue procesado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles” con la función pública por hechos que se remontan a su gestión como ministro de Economía durante la primera administración de la actual jefa de Estado (2007-2011).

Es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente en funciones es procesado por corrupción. La medida, anunciada por el juez federal Ariel Lijo cerca de la medianoche del viernes,  desató airados pedidos de renuncia inmediata y juicio político contra Boudou por parte de una oposición dividida pero que se ha mostrado unida en su reclamo.

El juez, en un escrito de 333 carillas, anunció el procesamiento de Boudou en momentos que el gobierno enfrenta una seria crisis por el fallo de la justicia de Nueva York que obliga a pagar $ 1.500 millones a los “fondos buitres” que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. El fallo del  neoyorquino Thomas Griesa abrió además las puertas a juicios millonarios en contra del Estado argentino por parte de otros tenedores de bonos en “default” y nuevos reclamos de aquellos bonistas que aceptaron entrar en la reestructuración de la deuda.

“Son dos problemones”, uno en el frente externo y otro en el interno, que se le abrieron de golpe al gobierno en una semana, resumió el analista político Ricardo Rouvier.

Según el juez Lijo, Boudou compró el 70% de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica cuando era ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund, junto a su presunto socio José María Núñez Carmona. Desde que esa sociedad comenzó a controlar la imprenta solo recibió contratos del gobierno nacional o del oficialismo.

Por ejemplo, elaboró las boletas del Frente para la Victoria en las elecciones de 2011. Pero el punto más oscuro se refiere al contrato, de abril de 2012, que la Casa Rosada le firmó para fabricar 410 millones de billetes de 100 pesos, según la acusación.

Boudou recibió el anuncio en Cuba, donde se encuentra en una gira oficial que culminará en Panamá. Sus abogados anunciaron que apelarán la resolución.

La pregunta que se hacen hoy todos los analistas es si el fallo contra el vice derivará en una grave crisis institucional. “No”, respondió Rouvier de manera tajante. “La presidenta Cristina Fernández ejerce el poder de una manera fuerte”, lo que aleja el peligro de una crisis institucional a menos de un año y medio de entregar el poder. Las elecciones serán en octubre de 2015.