La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, tiene que rendir cuentas a la justicia. No está procesada por corrupción como su antecesor en el cargo, Amado Boudou, pero quedó imputada en una causa que investiga el origen de una suma considerable de dinero que le fue robada en su casa en noviembre pasado.

El fiscal federal, Guillermo Marijuán, dictaminó que existen suficientes elementos para abrir una investigación sobre la procedencia de $ 50.000 y 245.000 pesos (unos $ 15.500) que le fueron sustraídos por un custodio en su domicilio la noche en que su jefe político, Mauricio Macri, ganó el balotaje presidencial.

La causa está en manos del juez Ariel Lijo, que procesó por el robo a David Cruzado, un policía encargado de custodiar a la vicepresidenta, quien se traslada en silla de ruedas desde que un trágico accidente automovilístico la dejó inválida en 1994.  

“Quiero dejar en claro que no tengo nada que ocultar. ¿Con qué sentido denunciaría con detalle ante la Justicia lo que me robaron si no tuviera la tranquilidad de poder explicarlo perfectamente?”, se defendió.

Pero la Justicia planteó dudas. Michetti argumenta que los dólares se los dio a su actual pareja, el empresario Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestría de su hijo en Estados Unidos y que 45.000 pesos (unos $ 3.000) estaban destinados a realizar refacciones en su domicilio. El resto del dinero, asegura, correspondía a donaciones destinadas a la Fundación SUMA, que ella preside y que en su sitio web se presenta como “una organización sin fines de lucro que fomenta una cultura ciudadana de cooperación y trabajo colectivo”.

Néstor Espósito, periodista del diario Tiempo Argentino y que dio a conocer el caso mantenido bajo cuatro llaves durante casi 9 meses, dijo a EL TELÉGRAFO que “Michetti, en particular, y el gobierno de Cambiemos, en general, se ofrecen a la sociedad como la contracara de la corrupción que atribuyen al kirchnerismo”.

“En ese contexto, $ 50.000 y 245.000 pesos en efectivo requerían una explicación clara y contundente. Michetti no la tuvo desde el principio. Lo que dijo públicamente tanto ella cuanto su pareja, que es beneficiario de negocios con el Estado nacional y la Capital Federal (bajo gobierno de Cambiemos, ndr) no coincide con lo que declaró por escrito ante la Justicia. Pesa sobre ella la obligación no ya de convencer a un juez, lo cual no parece demasiado complicado atento a la permeabilidad de los tribunales al poder político, sino fundamentalmente a la sociedad. Lo primero es perfectamente posible; lo segundo, parece muy difícil”, apuntó.

La investigación se inició a raíz de una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y de los diputados “kirchneristas” Rodolfo Thailade y Juan Cabandié. El juez Lijo secuestró los libros de la Fundación SUMA a principios de septiembre y pidió las declaraciones juradas de la pareja de la vicepresidenta para determinar si el relato de Michetti sobre el origen de los dólares robados se condice con los bienes y activos declarados por el empresario Banfi ante el fisco.

Pero el juez extendió la investigación a la Fundación SUMA y a otras similares presididas por dirigentes del Gobierno y del partido PRO (Propuesta Republicana) fundado por Macri y pilar de la alianza oficialista Cambiemos.

En su denuncia, los legisladores expresaron que “la mayoría de los miembros del Gobierno integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el partido político PRO”.

Espósito, periodista especializado en Tribunales, asegura que “desde los años 90 a menudo estallan en la Justicia expedientes en los que se ventilan formas irregulares de financiar la actividad política. Primero fue un mecanismo por el cual se designaba en el parlamento de Buenos Aires a indigentes en cargos de alta jerarquía sin que ellos lo supieran”.

“El dinero de esos salarios, que efectivamente se pagaban pero los indigentes jamás los cobraban, financiaba la actividad de los políticos (de distintos partidos, ndr) que querían proyectarse para cargos de mayor envergadura”, prosiguió.

“Desde allí –añadió el periodista- se sucedieron mecanismos como los “sobresueldos” a funcionarios, o los “retornos” por la concesión de obras públicas. La Fundación SUMA y otras que encabezan prominentes dirigentes del Gobierno actual parecen ser un instrumento destinado a los mismos fines. Sus papeles impositivos y tributarios son, cuanto menos, cuestionables. Y los aportantes mediante ‘donaciones’ tienen, directa o indirectamente, relación con contratos con el Estado y la obra pública”.

Espósito cree que “es probable que un juez diga que eso ‘no es delito’, aunque ciertamente lo es y está contemplado en varios artículos del Código Penal. (I)