El severo deterioro de las cuentas externas derivado de la creciente importación de energía y un marcado proceso de desinversión de Repsol en la Argentina empujaron al gobierno de Cristina Fernández a tomar la decisión de estatizar el 51% de las acciones de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en manos de la multinacional española.

La iniciativa procura devolver al país el autoabastecimiento de hidrocarburos, perdido tras la privatización en los años 90 de la mayor compañía argentina. Sin embargo, abrió una serie de interrogantes de cara al futuro: de dónde provendrán las fuentes de inversión para aumentar la producción y cómo continuarán las relaciones comerciales con los países de la Unión Europea (UE).

Al momento, diez naciones de la UE ya le  expresaron su respaldo al Gobierno español, además los ministros de Exteriores de este bloque se reunirán mañana, en Luxemburgo, para  tratar la expropiación.  

El proyecto oficial de la estatización de YPF obtuvo el miércoles 18 de abril dictamen de mayoría de comisión en el Senado y se espera su rápida aprobación en el Congreso de la Nación, dada la mayoría del oficialismo en ambas cámaras y el apoyo de otros bloques de legisladores.

Pero en simultáneo se han hecho oír con fuerza las quejas diplomáticas y corporativas, mientras los papeles bursátiles de Repsol e YPF se han despeñado en las bolsas de Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

Las motivaciones para la reestatización de YPF no son misteriosas. La balanza comercial de combustibles de la Argentina pasó de un superávit de 2.000 millones de dólares en 2010 a un déficit de 3.100 millones en 2011, por primera vez en 17 años, en un contexto de mayor demanda y menor oferta de petróleo y gas. Para 2012, se espera que ese déficit trepe a 6.000 millones de dólares.

Esta situación comprometió la estabilidad financiera y la expansión de una economía que tiene vedado el acceso a los mercados voluntarios de deuda y a la que no le sobran dólares. La fuga de capitales superó los 21.500 millones de dólares en 2011.

La sangría de dólares ha motivado a las autoridades del Banco Central y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a imponer rigurosos controles a la adquisición de divisas por parte del público y grandes compradores como empresas e importadores.

Sin embargo, la creciente necesidad de energía ha llevado al gobierno a gastar 9.397 millones de dólares en importación de combustibles en 2011 (cuadro), lo que equivale a casi 90% del saldo comercial del país en ese año. En 2010, la importación de combustible había requerido 4.474 millones de dólares, y en 2003 apenas unos 550 millones.

¿Cómo se llegó a este punto? El Gobierno argentino culpó exclusivamente a Repsol por la declinación en la producción de hidrocarburos por parte de YPF, mientras otras voces hacen también responsables a los gobiernos del fallecido presidente Néstor Kirchner y su esposa, a quienes acusan de permitir el vaciamiento de la petrolera argentina.

La primera tesis está apoyada en que, desde que Repsol se hizo cargo de YPF, la producción de petróleo y gas cayó en forma aguda: desde 1998, la merma fue de 43%  en crudo y de 18% en gas natural. Pero especialistas y partidos opositores incluyen al Estado en este proceso de descapitalización de YPF, por convalidar una cuestionada política de regulación de precios de la energía y de distribución de dividendos.

Mientras empresas y hogares reciben millonarios subsidios oficiales al consumo de gas natural –algo que potencia la demanda–, las compañías petroleras reciben un pago deprimido por su producción de gas y crudo.

El productor local percibe 2 dólares por millón de BTU (British Thermal Unit) en boca de pozo por parte del Estado, que sin embargo paga 14 dólares por el gas licuado importado que llega en barcos. En el caso del crudo, las retenciones móviles a la exportación fijaron un precio local de 42 dólares por barril, contra un valor internacional de 100 dólares.

En relación con las utilidades de YPF, en los últimos doce años la empresa acumuló ganancias por 17.071 millones de dólares y giró dividendos por 15.326 millones (90%). Desde 2003, cuando comenzó el gobierno kirchnerista, el ratio Dividendos / Utilidades fue de 106%.

Nueve años después, la expropiación de YPF plantea dos importantes desafíos a corto plazo. El primero, atraer las inversiones necesarias para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, algo que a primera vista parecería difícil tras una expropiación.

Sin embargo, el Gobierno argentino cree que un reciente descubrimiento de YPF en la Patagonia argentina, en una zona geológica llamada Vaca Muerta, multiplicaría las reservas de gas y abriría las puertas a la inversión de empresas extranjeras en el país.

La Agencia de Información Energética (EIA) estadounidense señaló que la Argentina tendría la tercera reserva mundial de shale gas (gas entrampado en roca): 774 billones de pies cúbicos, 60 veces las reservas comprobadas actuales.

El segundo problema a resolver será la relación con los países de la UE, que comenzaron a reaccionar a la expropiación de una compañía de capilares españoles. Esta situación es relevante porque las importaciones del bloque europeo desde la Argentina ascienden a unos 13.000 millones de dólares, 17% del total de las ventas externas del país sudamericano.