El expresidente Álvaro Uribe Vélez y su partido, el Centro Democrático, oficializaron ayer su decisión de rechazar el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y llamaron a la “resistencia civil” para impedir que ese pacto que pone fin a 52 años de guerra se implemente.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC decidieron, por su parte, someter el nuevo acuerdo a consideración del Congreso para que sea el órgano legislativo el que lo refrende e implemente.

Los legisladores uribistas, cuya bancada representa la quinta parte en el Senado y el 11% en la Cámara de Representantes, advirtieron de antemano que desconocerán el nuevo pacto de paz y que se marginarán de las sesiones en las que se discuta.

El senador del gobernante partido de la U, Armando Benedetti, dijo que, a pesar de la oposición del Centro Democrático (CD), el texto renegociado con las FARC tras la derrota del documento original en el plebiscito del 2 de octubre será refrendado e implementado a través de un paquete de leyes en el Congreso.

“Y que no nos importe un carajo lo que digan los del Centro Democrático porque a ellos lo que les gusta es la guerra”, afirmó a periodistas.

El senador uribista José Obdulio Gaviria señaló que el CD “desconocerá” el nuevo acuerdo si este no es refrendado mediante un plebiscito y explicó que las acciones de “resistencia civil” que hará ese sector político incluirán movilizaciones, “denuncias” en medios y “la desobediencia en los temas que sea posible”.  

El congresista y negociador del gobierno con las FARC, Roy Barreras, afirmó que el interés del CD en un nuevo plebiscito es “un mecanismo dilatorio” y dijo que el llamado a la “resistencia civil” puede ser interpretado “por sectores violentos y neoparamilitares como una incitación a hacer daño”.

Los argumentos

El expresidente Uribe justificó su rechazo al nuevo texto con la afirmación de que “es apenas un retoque” del rechazado por los votantes en el plebiscito del 2 de octubre.
Aseguró que prevalece la “impunidad” para los jefes de las FARC que hayan cometido delitos graves durante la guerra y que estos podrán participar en política.

“Uribe busca un sometimiento, una rendición, y nadie negocia la paz para ir a la cárcel. La esencia de todo acuerdo de paz es que un grupo insurgente entrega las armas a cambio de que pueda hacer política legal”, dijo el senador Roy Barreras.

Además, señaló que el nuevo texto tiene modificaciones importantes con respecto al firmado en septiembre.

De hecho, contiene precisiones, ajustes y cambios en 56 de los 57 puntos objetados por Uribe, pastores de iglesias cristianas -cuya feligresía fue decisiva en el triunfo del ‘No’ el 2 de octubre- y dirigentes políticos como el expresidente Andrés Pastrana y la excandidata presidencial conservadora Martha Lucía Ramírez.

El jefe de los negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, destacó entre los cambios del nuevo acuerdo el compromiso de las FARC para reparar a las víctimas con sus bienes, la ampliación del plazo para implementar el plan de desarrollo rural de 10 a 15 años para darle sostenibilidad fiscal y la garantía del respeto a la propiedad privada en el reparto de tres millones de hectáreas de tierra.

También se abrió la posibilidad de que los guerrilleros de las FARC sean acusados de narcotráfico y se redujo la financiación que dará el Estado al partido político en que se transformará esa guerrilla.

“Llegó la hora de unirnos alrededor de este nuevo acuerdo, mejorado y ajustado, para implementarlo, proteger lo alcanzado y avanzar hacia la consolidación del fin del conflicto y la construcción de la paz”, dijo de la Calle.

Toda la celeridad

El expresidente Uribe propuso aprovechar la presencia de la cúpula de las FARC en Bogotá para dialogar “sobre las modificaciones en los temas” que, según él, requiere el nuevo acuerdo.

El comandante de las FARC, Pablo Catatumbo, le respondió en un tuit al exmandatario: “Uribe mal gobernó, corrompió y ensangrentó a Colombia durante 8 años y nunca quiso la paz sino la derrota de las FARC. No pudo. Dilatar no. Desde siempre la guerrilla ha dicho que la negociación es entre el gobierno y las FARC”.

La decisión de la guerrilla y el gobierno es dar celeridad a la refrendación e implementación del acuerdo de paz.

Las tropas de las FARC llevan 53 días en un limbo legal pues cuando se iban a concentrar en 27 zonas del país donde se verificaría el cese del fuego ocurrió la derrota del pacto original en el plebiscito del 2 de octubre.

La hoja de ruta de lo que sigue para que las tropas de las FARC marchen a esas 27 zonas y el nuevo acuerdo comience a aplicarse fue abordada ayer en una reunión que celebraron Humberto De la Calle y el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, con los jefes de las FARC, con excepción del comandante en jefe del grupo insurgente Timoleón Jiménez, Timochenko.

Además de que el nuevo texto será llevado al Congreso hoy miércoles, se espera que esta misma semana el presidente Santos y Timochenko, quien llegó el lunes a Colombia procedente de La Habana, firmen el acuerdo en una ceremonia que, en principio, se llevaría a cabo en Bogotá.  

Santos dijo que “es urgente pasar a la siguiente fase: el agrupamiento de las FARC en las 27 zonas veredales de transición. ¿Para qué? Para garantizar el cese del fuego y dar también las garantías a todos los ciudadanos”. (I)

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Dirigentes sociales son asesinados

Santos ordena proteger a líderes comunitarios

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó intensificar con sentido de urgencia las medidas necesarias para proteger a dirigentes comunales y defensores de derechos humanos, asegurando también que la Fiscalía acelerará su tarea investigativa para esclarecer cada una de las acciones violentas en contra de líderes sociales.

“No vamos a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y las esperanzas de la paz”, declaró Santos al salir de una reunión con la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos en la Casa de Nariño.

Junto a ministros de su gobierno y representantes de organismos de derechos humanos, Santos trató sobre los asesinatos y atentados contra líderes comunales que se dan en las últimas semanas.

“Estos hechos son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre nos trae frente a la implementación de los acuerdos de paz” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agregó.

Anunció que convocará una reunión de seguridad con los gobernadores de Cauca, Nariño, Caquetá, Meta y Norte de Santander, los departamentos más afectados por los homicidios, y le solicitó a la Unidad de Protección de Personas que “se reúna con las organizaciones sociales para examinar la situación de seguridad y priorizar los dispositivos de protección”. (I)