Varios juzgados federales de Argentina han decidido desde febrero pasado conceder la prisión domiciliaria a unos 50 militares y policías que estaban encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983), informaron fuentes judiciales.

La decisión concierne a presos mayores de 70 años y apela a razones de salud, motivos que no implican un beneficio automático sino que depende del criterio de los jueces, indicó este domingo el diario Clarín, citando altas fuentes del Ministerio de Justicia.

Esto refleja "un cambio de doctrina en los tribunales" con respecto a la gestión de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) que hicieron del tema de los derechos una bandera política que conllevó a cientos de juicios y encarcelamiento de represores de un periodo militar que dejó unos 30.000 desaparecidos.

La Unión de Promociones (UP), de militares y marinos retirados agrupados en apoyo a sus camaradas presos, dice que en vez de 50 fueron 30 las nuevas domiciliarias.

En cualquier caso "es un número significativo en una población de unos 510 condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país", agregó el diario.

Otro de los cambios respecto a la gestión kirchnerista, descrita como "una pesadilla para los represores", es que el actual ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo cual había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi.

El Ejército también se había desprendido hasta ahora de cualquier relación con estos antiguos jerarcas castrenses y sus implicaciones con la dictadura. Pero según consigna el diario, hace unas semanas el jefe de la fuerza, general Diego Suñer, envió un coronel a las cárceles y transmitió que se esforzarán porque los mayores de 70 y enfermos tengan prisión domiciliaria.

El gobierno de centroderecha de Macri ha tenido desde su asunción en diciembre una relación tensa con los principales organismos de derechos humanos en Argentina, entre ellas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Ha ratificado que continuarán con los juicios por lesa humanidad, pero el ministro de Justicia, Germán Garavano, ha reiterado que otorgar prisión domiciliaria "es cuestión de los jueces, no es impunidad sino cumplir con la ley".

Según la agrupación de exmilitares UP, hay 2.140 militares y exmiembros de fuerzas policiales y de seguridad involucrados en juicios. 1.089 están procesados, 681 condenados, y 370 han muerto. Entre los presos -que se consideran a sí mismos "presos políticos"- tienen entre 56 y 96 años.

De acuerdo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta marzo de este año había 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. Pero según este organismo, hay 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad acusados: 1.200 de ellos libres, 1.132 detenidos y 49 prófugos. (I)