Entre 1.200 manifestantes, según los organizadores, y 600, según medios locales, llegaron este jueves a los límites con Lima en el noveno día de la "marcha nacional del agua" que ha recorrido el norte de Perú en favor de los ríos y lagunas y contra la minería.

En la marcha, que se concentró en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana Norte, a la entrada de la capital peruana, participan comunidades campesinas, indígenas, organizaciones sociales y grupos políticos que iniciaron su recorrido en la región de Cajamarca.

Desde el litoral norte, en autobuses y caminando para entrar en las comunidades, pasaron por La Libertad, continuaron por Áncash y finalmente llegaron a Lima.

Delegaciones de ciudades como Huancayo, Ica y Arequipa se sumaron al grupo en la capital, informaron hoy a Efe los organizadores.

Los manifestantes anunciaron que se reunirán en diversos puntos de Lima y se moverán en caravanas, para concentrarse luego con otros gremios sociales como la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), y finalmente participar en un foro público sobre agua, minería y desarrollo.

Entre las principales reclamaciones, exigen al Gobierno que se anule el proyecto minero Conga, en la región noreste de Cajamarca; que se declare la intangibilidad de las cabeceras de cuenca y que se prohíba el uso de cianuro y mercurio en las actividades mineras.

El líder de la movilización, el exsacerdote Marco Arana, dijo que el gran objetivo de la marcha es "decirle no" a Conga.

El proyecto aurífero Conga, de una inversión de 4.800 millones de dólares y desarrollado por la minera Yanacocha, la primera productora de oro en Suramérica, contempla drenar cuatro lagunas, dos para extraer el mineral y otras dos para almacenar los relaves.

Actualmente Conga se encuentra suspendido después de una marcha en noviembre pasado que concluyó tras el Estado de emergencia (excepción) de tres provincias de Cajamarca, producto del diálogo infructuoso entre los manifestantes y representantes del Gobierno.

El estudio de impacto ambiental del proyecto fue aprobado en octubre de 2010, pero será sometido a un peritaje internacional financiado por el Gobierno.