“Me siento estafado e indignado. Las autoridades solo actúan para los ricos. A los pobres no nos dejan nada”. Manuel Arboleda, originario de la provincia de Los Ríos, protesta amargamente frente a la sede de Bankia, en la plaza Celenque (centro de Madrid).

Pasan unos minutos del mediodía del jueves y lleva a la intemperie toda la noche. Participaba en la acampada que, desde el 22 de octubre de 2012, denuncia la responsabilidad de este banco en los desahucios de las personas que, a causa de la crisis, no pueden hacer frente a su hipoteca.

Se denominaban “Rodea Bankia” y durante más de 100 días permanecieron en la calle. Hasta la madrugada del jueves, cuando decenas de policías los expulsaron, requisándoles las mantas, las sillas y la comida con las que mantenían la protesta. Incluso se llevaron parte de la documentación que registraba sus casos.

Sin embargo, no renuncian a seguir movilizados. El drama de los desalojos es sangrante en España. Y la población se organiza en grupos como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). La comunidad ecuatoriana, una de las más numerosas en España, también está sufriendo las consecuencias de unas prácticas que, según datos de los organismos civiles, han expulsado de sus domicilios a más de 320.000 personas desde 2008.

“Vine aquí a trabajar. Confiaba en poder reunirme con mi familia y, por eso, decidí comprar una casa”, explica Arboleda. Como muchos otros compatriotas, llegó a España en el año 2000. Por aquel entonces, la burbuja inmobiliaria funcionaba, los bancos regalaban los créditos y la letra pequeña, las condiciones ante el impago, no se tomaban en cuenta. Por eso, en 2006 adquirió un piso en Villaverde Bajo, un barrio popular en el sur de Madrid.

Trabajaba en la construcción, así que, en un primer momento, pudo hacer frente a los pagos mensuales de los 220.000 euros que el banco le prestó. Luego llegó la crisis, la escasez de trabajo y los impagos. “Agoté todo el subsidio de desempleo intentando abonar las mensualidades. Cuando ya no me quedaba nada, intenté negociar”. La respuesta de la entidad fue cerrarle las puertas.

Tras varios años de intentar solucionar su problema, Arboleda se encuentra ante una difícil situación. Su piso ha sido subastado, aunque él permanece en la vivienda, ya que interpuso una querella contra Bankia. Paralelamente se organizó junto a los miembros de la PAH. La comunidad ecuatoriana ha sido una de las más activas en la lucha contra Bankia. No solo manteniendo la acampada, sino también paralizando desahucios mediante la desobediencia civil o tratando de renegociar un alquiler social.

Es el caso de Olga Veloso, quiteña de 44 años. Su tenacidad le ha permitido frenar dos desalojos.  En 2006 compró una casa en el barrio de Vallecas (sur de Madrid). En esa época, tanto ella como su marido, Eduardo Velasteguí, tenían empleo. Dos años después, ambos habían perdido su sustento y las cuotas mensuales estaban disparadas: 1.750 euros. Como en el caso de Arboleda, los intentos para dialogar con el banco resultaron infructuosos. Primero les aseguraron que con abonar 1.000 euros mensuales podrían arreglarse hasta que la situación mejorase. Era mentira. Meses después, el matrimonio se enteró de que estaba en una lista de morosos y que el banco pretendía arrebatarles la vivienda. En ese momento entró en contacto con la PAH. Y los activistas lograron frenar el desalojo en dos ocasiones. “A muchos ni siquiera los conocía. Ellos me han dado fuerza para seguir adelante”, expresa esta mujer que transmite fuerza y ganas de no dar la batalla por perdida.

La ley hipotecaria española tiene unas características que terminan condenando a la pobreza a quien no puede afrontar sus pagos, incluso después de perder la casa, porque, una vez desalojado, el banco puede seguir reclamando el dinero. Por eso, las plataformas han establecido unas demandas sencillas: dación en pago retroactiva, es decir, que la deuda quede cancelada con la entrega de la casa; paralización inmediata de todos los desahucios en viviendas habituales y un parque de alquiler social para aquellos que han perdido su hogar. Pero el Gobierno español, presidido por el conservador Mariano Rajoy (Partido Popular), no parece dispuesto a escucharles. Este martes, el Congreso español tiene que votar si admite a trámite una iniciativa legislativa popular que llega con el aval de un millón de firmas. Por el momento, los diputados conservadores se muestran reacios incluso a que se debata. “¿Para eso nos esforzamos en recolectar las firmas?”, se pregunta, angustiado, Manuel Arboleda.

Ante la cerrazón política, las plataformas también han recurrido a la justicia. Y en este punto tiene mucha importancia la labor del defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira. El pasado 21 de enero, la institución ecuatoriana elevó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el caso de Luis Solórzano, ecuatoriano en riesgo de ser desahuciado. Argumenta que  sufrió “indefensión” ante las “prácticas abusivas del banco”. Tras agotar todas las vías judiciales en España, la última decisión estará en manos de los magistrados europeos. Un aval a la tesis de Rivadeneira supondría un bálsamo para miles de familias, tanto ecuatorianas como españolas.

El desalojo de la acampada solo ha sido un punto y seguido. Este domingo, en la misma plaza, los afectados celebrarán una asamblea para determinar sus próximas acciones de protesta. Como resume Arboleda, “hay que seguir molestando”. Hasta frenar un drama que incluso ha provocado suicidios.