“Ya no aguanto más. Dejame solo. Este es mi destino. No puedo seguir viviendo en esta situación”. En voz alta y firme, Rodolfo Óscar Estivill, de 91 años, se despidió de una de sus sobrinas que lo cuidaban desde hace muchos años, extrajo un arma de su bolsillo y se pegó un tiro en la cabeza ante la desesperación de decenas de testigos.  

Su cuerpo, aún con vida, quedó tendido en la escalera de una de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de la turística ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Pocas horas después, el anciano falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos.

No eligió suicidarse en su casa. Lo hizo nada más y nada menos que en una sede del organismo público que gestiona las prestaciones de seguridad social, el servicio previsional, los subsidios por desempleo y la Asignación Universal por Hijo, entre otros derechos. Todo un símbolo para su último gesto de desesperación.

El hecho conmocionó al país austral y puso en foco la difícil situación por la que atraviesan millones de jubilados argentinos, no solo por sus magras pensiones, sino además por nuevas disposiciones oficiales que, por ejemplo en el caso de las pensiones por viudez, obligan a los beneficiarios a presentar documentación que pruebe su filiación bajo advertencia de perder ese derecho.

Estivill, según el portal de noticias Infobae, “adujo problemas económicos a su situación personal”. Al parecer era ayudado por dos sobrinas ya que el jubilado no podía vivir solo con su pensión. Una testigo dijo al sitio El Destape que el anciano pidió silencio y dijo que era ayudado económicamente por sus sobrinas pero que “no podía seguir dependiendo” de ellas.

El diario local La Capital y otros medios nacionales dijeron que Estivill había concurrido a la sede marplatense de la avenida Independencia de la Anses para hacer un cambio de domicilio. Pero otras versiones que se hicieron eco en las redes sociales mencionaron que el hombre tramitaba su cambio de domicilio a un asilo de ancianos.

Cuando Estivill extrajo el arma, el temor se apoderó de todos los presentes. Muchos se arrojaron al piso recordando que en 1997, en otra oficina de esa dependencia marplatense, fue asesinado a balazos Víctor Pochat, gerente de Investigaciones Especiales de la Anses. El homicida resultó ser Armando Andreo, esposo de la entonces administradora de esa sucursal que enfrentaba una auditoría interna por irregularidades durante su gestión.

Pero el anciano solo quería acabar con su vida. Uno de los testigos alcanzó a grabar lo sucedido con la cámara de su teléfono celular y el video se viralizó. Allí se escucha cuando los presentes le piden a gritos al hombre que no se dispare. Pero fue en vano. Estivill arrojó el bastón, puso el arma en la sien y apretó el gatillo tras agradecer a sus sobrinas. Su cuerpo quedó tendido en la escalera que lleva al primer piso, desde donde el anciano bajaba en medio del trámite que realizaba en esa dependencia.

“Fue un caos, había gente gritando. Muchos salieron corriendo, pensaban que había alguien disparando y enseguida empezaron a desalojar el lugar”, contó una testigo.

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, expresó vía Twitter su “dolor y consternación por este lamentable” suceso, pero al mismo tiempo lamentó “el uso político de una situación tan personal y dolorosa”.

Los jubilados están sufriendo especialmente la crisis económica y social que vive Argentina. Si bien en los últimos años la cifra de adultos mayores  que reciben una pensión trepó al 97%  del total –una de las cifras más altas de América Latina-los montos en la mayoría de los casos no alcanzan a cubrir la canasta básica para escapar a la pobreza. La jubilación mínima es de 6.394,85 pesos (unos $ 390) y la cobra la mitad de los 6 millones de beneficiarios. Se estima que una familia tipo necesita 15.000 pesos (poco más de $ 900) para no caer en la pobreza.

En marzo pasado, el presidente Mauricio Macri recibió durísimas críticas al mostrar su absoluto desconocimiento sobre el monto de las pensiones durante un programa de TV. Cuando fue consultado por la animadora Mirtha Legrand a cuánto ascendía la jubilación mínima, no titubeó: “9.000 y pico...” (unos $ 550), dijo. Y lo repitió convencido.   

El gobierno llevó adelante un programa que bautizó ‘Reparación histórica’ para que los jubilados cobren juicios que le iniciaron al Estado por la mala liquidación de sus haberes y que incluyó una recomposición de los beneficios mensuales, pero la oposición denunció que se trató de una “estafa” y que benefició solo a una mínima cantidad de jubilados y con magros montos.

En las últimas semanas, además, el gobierno fue blanco de durísimas críticas a raíz de dos medidas cuanto menos polémicas. El mes pasado anunció recortes en las pensiones por discapacidad, lo que provocó protestas generalizadas y hasta una movilización de afectados y sus familias en la tradicional avenida 9 de Julio, en su cruce con el Obelisco, principal emblema de la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno debió dar marcha atrás.

Pero ahora sumó un nuevo escándalo al obligar a los ancianos y ancianas que cobran una pensión por viudez a presentar otra vez sus actas de nacimiento y de matrimonio, así como la constancia de fallecimiento de su cónyuge, bajo riesgo de perder ese derecho ante la sospecha de irregularidades. Largas filas y protestas se sucedieron en las sedes de la Anses y cientos de personas mayores llamaron desesperadas para advertir que no estaban siquiera en condiciones de caminar o que no encontraban los documentos que en algunos casos presentaron hace décadas.

Las autoridades debieron poner paños fríos y asegurar que no cortarían el beneficio a nadie.

Pero el daño ya estaba hecho por la desesperación vivida por el grupo poblacional más desprotegido de la sociedad. (I)