Argentina vive un cambio de época. En un giro contundente en materia de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de un exrepresor de la última dictadura que quedó en libertad por una resolución polémica y que se basó en una ley derogada en 2001. Y el grifo abierto puede dar lugar a una saga de masivas excarcelaciones de asesinos y torturadores.

El fallo “abre las puertas a la impunidad de los genocidas”, sentenció la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

El máximo tribunal aplicó en el caso del represor Luis Muiña, condenado a 13 años de cárcel, la llamada “ley del 2x1”, vigente entre 1994 y 2001 y que contabilizaba por dos la cantidad de años que un detenido sin condena pasó tras su segundo año en la cárcel.  

El fallo fue aprobado por tres votos a favor y dos en disidencia. Curiosamente respaldaron la medida los dos jueces designados por el presidente Mauricio Macri a poco de asumir, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y la magistrada Elena Highton, quien en 2009 votó en contra de una medida similar contra otro represor. La jueza había estado en conflicto con el gobierno por negarse a jubilarse a los 75 años, como marca la ley. Pero un fallo de primera instancia la favoreció y el ejecutivo, paradójicamente, decidió no apelar el fallo en febrero pasado.

Esto “no es nada más ni nada menos que un indulto encubierto por este gobierno al que ya se le fue la mano del todo. Se perdonan a ellos mismos, por eso hacen esto”, dijo la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a través de un mensaje en Twitter.

El razonamiento de los jueces es difícil de entender: para ellos, como el delito de desaparición que comenzó en 1976 es permanente, también se cometió entre 1994 y 2001 cuando estuvo vigente esa norma. Y aplicaron entonces la “ley más benigna” para el represor. ¿Y qué dijeron los dos jueces que votaron en disidencia, el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda? Que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar, lo que implica que las condenas no se pueden reducir.

Como primera reacción, el excapitán del ejército Víctor Gallo, condenado a 25 años de prisión por apropiarse del hijo de una detenida-desaparecida, pidió ayer su excarcelación invocando el fallo de la corte.

Pero Gallo podría ser solo la punta del iceberg. El diario Página/12 reveló que el mismo camino siguieron el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, condenado a ocho años de prisión por el robo de bebés; el ex médico de la Armada, Jorge Luis Magnacco, conocido como el obstetra de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sentenciado a 10 años de cárcel también por la sustracción de menores; y el ex militar Alejandro Lazo, condenado a 10 años de arresto por torturas y privación ilegítima de la libertad.

El cambio de paradigma en materia de derechos humanos y revisión del pasado se palpa con hechos y declaraciones en el país austral. La justicia ha beneficiado con prisión domiciliaria a varios represores, entre ellos el excomisario bonaerense Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y funcionarios del gobierno han puesto en duda que haya 30.000 detenidos-desaparecidos. El propio presidente Macri se sumó a la campaña afirmando “no tengo idea de cuántos fueron”. El titular de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, un militar retirado que participó en una rebelión contra el gobierno de Raúl Alfonsín, fue más allá: “no es lo mismo 8.000 verdades que 30.000 mentiras”.

La Iglesia católica, juzgada como cómplice de la dictadura por organismos de derechos humanos, lanzó una campaña para lograr la reconciliación entre víctimas y victimarios, pero la propuesta elevada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor José María Arancedo, recibió un coro de críticas. “No hay diálogo posible con quienes desaparecieron a nuestros hijos”, le respondió Carlotto.

Ahora la Corte Suprema abrió una grieta más grande. El represor Luis Muiña, que estaba gozando de libertad condicional, participó en el secuestro de 22 trabajadores del hospital Posadas, en la periferia oeste de Buenos Aires, el 28 de marzo de 1976. De ellos seis nunca aparecieron. Lo paradójico es que recién fue detenido en 2007, cuando la ley en que se basó el tribunal estaba derogada desde 2001.
Los argentinos se preguntan ahora qué podría pasar con los más de 750 represores condenados en el país austral. Y si podrán ser beneficiados con una medida similar.
Carlotto, un símbolo en la lucha por los derechos humanos, se mostró consternada y responsabilizó a Macri por el fallo: “estoy muy mal con el 2x1, es abominable. El gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya”.
Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que la resolución hay que respetarla pero fijó su posición: “Tanto en este caso como en otros la ley del 2x1 fue uno de los peores engendros que se ha hecho en materia de política criminal y hoy seguimos pagando las consecuencias de una política desastrosa”.
De no haber muerto el 17 de marzo del 2013, el exdictador Jorge Videla estaría hoy frotándose las manos. “Ahora las cosas -resumió la dirigente de la ultraderechista Memoria Completa Cecilia Pando, quien llegó a respaldar la política de apropiación de niños durante la dictadura- comienzan a funcionar”. (I)