La confirmación de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quedó pendiendo de un hilo ante el fallo de una medida cautelar emitido por un tribunal administrativo de la capital colombiana.      

La medida de amparo emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y basada en una acción de tutela, ordena al presidente Juan Manuel Santos no ejecutar la destitución del alcalde, una sanción impuesta por el procurador general, Alejandro Ordóñez, hasta que se pronuncie de fondo frente al caso, por lo menos hasta el 28 de enero.

El procurador, que controla a los funcionarios públicos, sancionó a Petro el pasado 9 de diciembre con destitución e inhabilidad política por 15 años, al considerar que actuó con dolo en el manejo del sistema de recolección de basuras de Bogotá.   

El fallo de ayer fue recibido con beneplácito por el alcalde Petro, quien dijo que “la justicia aunque transitoriamente, está llegando poco a poco ante la decisión antidemocrática del procurador Ordóñez”.

Mediante esta resolución, el magistrado José María Armenta, aseguró que la decisión de la Procuraduría violó la competencia de los jueces en cuanto a que no podían destituir a un ciudadano elegido popularmente.

La tutela mencionada, impuesta por el ciudadano José Gotardo Pérez Soto, es una de las 358 que se instauraron en medio de la llamada tutelatón, un recurso presentado en diciembre pasado, que alegaba que los derechos procesales de Petro habían sido violados.

“La suspensión provisional de la destitución es un triunfo democrático de la Justicia y la ciudadanía. Aún vamos hacia fallos definitivos”.
Gustavo Petro, alcalde de BogotáEn este contexto, el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, y quien suena como posible alcalde transitorio en caso de que Petro sea destituido y el encargado de organizar las elecciones para sucederlo, se aferra a la idea de que su Gobierno irá hasta el final: “El alcalde nos ha dicho que tenemos que seguir trabajando arduamente, inclusive los fines de semana. De ninguna manera esta situación jurídica tiene que impedir el trabajo que la administración tiene que hacer para dar el resultado que nos pide la ciudadanía”, expresó.

Sobre las movilizaciones populares, Jaramillo enfatizó que las personas que participan de ellas son ciudadanos indignados que se expresan de manera voluntaria y que ellos y el gabinete distrital han actuado dentro del marco constitucional, reiterando que ninguna persona elegida por voto popular debe ser juzgada por un juez y por ningún otro tipo de funcionario.

Jaramillo agregó que “no se puede entender cómo frente a un alcalde como Petro, que ha gobernado con vocación de servicio para los bogotanos, se ha actuado con tanta contundencia y celeridad, mientras que con los que se robaron a Bogotá no se ha obrado así”.

“Queremos que el alcalde siga gobernando esta ciudad hasta el 31 de diciembre de 2015 como lo ordenó el pueblo bogotano. Esperamos que se haga justicia”, concluyó Jaramillo.

Por su parte, el analista y politólogo Bernardo Ramírez  no se mostró muy optimista sobre el futuro de Petro y dijo a EL TELÉGRAFO que “desgraciadamente, todos los caminos se le están cerrando al alcalde Petro”. “Jurídicamente solo podría obrar e interferir en su destitución una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las otras decisiones y alegatos judiciales, serían a posteriori. Pero ese salvavidas puede que no se presente, si los magistrados de la Corte se demoran en proferir las medidas”, explicó Ramírez.

A la espera de la CIDH

El abogado defensor del alcalde, Rafael Barrios, dijo a EL TELÉGRAFO que si las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegan después de que el presidente Juan Manuel Santos avale el fallo de la Procuraduría, el alcalde de Bogotá deberá irse.

“Si llegan las medidas de la CIDH después de la firma del presidente, ya no habría nada que hacer. El alcalde en la calle y nosotros sin alcalde. Ahí el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero tardaría unos cuatro años que le devolvieran los derechos políticos a Petro”, dijo el abogado.

Barrios agregó, sin embargo, que si las medidas cautelares llegan antes de la firma del Presidente, Santos “tiene que aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir las medidas cautelares”. “Esto no es una cuestión extraterrestre, que la convención por allá y la ley colombiana por acá, están al mismo nivel”, afirmó.

Por otra parte, otro de los abogados del alcalde Petro propuso que sean los ciudadanos a través del voto los que decidan sobre la permanencia o no del mandatario. El abogado Luis Fontalvo señaló que la propuesta sería similar a la de la Séptima Papeleta, un mecanismo popular que permitió reformar la Constitución en el año 91.

“Lo que decidieron los ciudadanos en las urnas quedó sin efecto a través de este acto administrativo. Finalmente en una democracia la autoridad suprema reside exclusivamente en el pueblo. Y si ese es el constituyente primario, nada debe imponerse por encima de eso, así sea el procurador o el Presidente”, aseveró.

Movilización permanente

En medio de esta situación de zozobra institucional, el alcalde Gustavo Petro reiteró ayer el llamamiento a todos los bogotanos a permanecer en movilización permanente y pacífica para protestar “en contra de la arbitrariedad contra la democracia”, en referencia al fallo de la Procuraduría emitido el lunes en el que se ratificó su destitución.

“Como era absolutamente previsible el Procurador ha decidido finiquitar su tarea, ha cometido un delito, que es el abuso del poder. El golpe de Estado del que he hablado no es una mentira, es una realidad, y la tratan de cumplir, de sustituir un Gobierno. Esto termina conduciendo un país a la violencia, termina matando la democracia”, dijo Petro a sus seguidores y a los medios de comunicación.

El mandatario local sostuvo que gobernará hasta el último día que dictaminó el pueblo, el 31 de diciembre de 2015. “Solo con justicia y multitud podremos contener la tiranía y así abriremos la senda de la justicia y la democracia para alcanzar la paz. Si triunfamos es el Procurador el que debe renunciar. No queremos un solo acto de violencia. No somos generadores de violencia somos generadores de paz y estamos escribiendo la nueva historia de Colombia, sin temor, pero con firmeza, aquí les decimos no pasarán”, manifestó Petro.

Por ahora, el balón está en manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien deberá destituir al alcalde y emitir  un decreto con el nombre de la persona que ocupará provisionalmente el cargo del alcalde mientras se realizan los nuevos comicios. El nombre de esta persona saldrá de una lista enviada por Progresistas, el movimiento político del alcalde Petro.

OTRAS OPCIONES PARA EVITAR LA DESTITUCIÓN

El exfiscal general y abogado Mario Iguarán Aldana manifestó que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tiene tres opciones frente a la decisión de la procuraduría General de destituirlo e inhabilitarlo 15 años para ejercer cargos públicos.

El exjefe del ente investigador, quien hace parte del grupo de abogados del mandatario en el campo penal, señaló que Petro puede presentar un recurso ante el Consejo de Estado, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

En este recurso se puede argumentar el restablecimiento de los derechos que se creen vulnerados por la decisión de la Procuraduría General que sancionó al alcalde de Bogotá por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo de la capital de la República en diciembre de 2012.

En la demanda de nulidad que se presente contra la decisión del Procurador se puede pedir ante el Consejo de Estado una medida preventiva. A la Comisión Interamericana una medida cautelar, o ir ante un juez de garantías que en este caso sería el Tribunal Superior de Bogotá, para que dentro del proceso que se adelanta contra el Procurador en la Fiscalía tome una medida cautelar, precisó.   

La defensa de Petro evaluará en los próximos días cuáles serán los recursos que se interpondrán con el objetivo de revertir el fallo de la Procuraduría.  

En tanto, el ministro de justicia, Alfonso Gómez Méndez, indicó que cuando no exista ningún recurso pendiente  y quede en firme la sanción impuesta por la Procuraduría, el presidente Juan Manuel Santos podrá tomar una decisión sobre el caso.