El presupuesto para 2019 presentado ayer por el Departamento de Estado refleja el deseo del gobierno del presidente Donald Trump de centrarse en el lema “Estados Unidos primero” y frenar el gasto en exteriores, como evidencia el drástico recorte de 32% en el máximo órgano de la diplomacia estadounidense.

La propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal, que fue presentada y que aún deberá someterse a la aprobación del Congreso, contempla un recorte de $ 17.831 millones en los fondos para el Departamento de Estado, que pasa de contar con $55.632 millones en 2017 a solo $ 37.801 en la proposición para 2019.

Este recorte contrasta con el incremento de fondos destinado al Departamento de Defensa, el cual ya recibió el visto bueno del Senado para una partida de $ 716.000 millones para el presupuesto de 2019.

“El presupuesto refleja que nos encontramos contra adversarios y competidores políticos, económicos y militares, lo que nos lleva a ajustar nuestra estrategia de seguridad nacional”, señaló Trump en el prefacio de la propuesta presupuestaria de la Casa Blanca.

De acuerdo con el diario The Washington Post, el plan de Trump no eliminaría el déficit presupuestario federal después de 10 años. Este es su primer reconocimiento de que el gasto aumenta y el recorte impositivo de $ 1,5 billones están ejerciendo una gran presión sobre la deuda del Gobierno.

“La legislación presupuestal agrega gastos al gobierno federal cuando crecen los ingresos fiscales, pero los déficits ya son altos y la deuda es incómodamente alta y creciente”, coincide Mickey Levy, economista jefe de Berenberg Capital Markets.

La política exterior
En relación con la cartera de Exteriores, resulta especialmente significativo el recorte en la aportación estadounidense a organismos internacionales, que pasaría de ser de $ 3.266 millones en 2017 a $ 2.191 millones en el próximo curso fiscal.

La aportación de EE.UU. al presupuesto de las Naciones Unidas sería de $ 442.946 millones en 2019 frente a los $ 593.267 millones en 2017. Este recorte alcanzaría $ 293 millones para el conjunto de agencias e instrumentos vinculados a la ONU.

Pese a ver esta partida cercenada, el secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, aseguró en el prefacio de la propuesta presupuestaria de su ministerio que las inversiones selectivas en esta materia permitirán a Estados Unidos y a sus socios “avanzar en intereses comunes y promocionar la paz global”.

“Estas inversiones permiten a EE.UU. mantener su posición como líder global, al mismo tiempo que otras naciones hacen un mayor esfuerzo proporcional en sus contribuciones para objetivos comunes”, adujo Tillerson.

En este sentido, la OTAN será beneficiaria de un aumento, al pasar de recibir $ 53.504 millones en 2017 a $ 70.177 millones en el próximo presupuesto.

El propio jefe del Pentágono, James Mattis, que se encuentra estos días en Europa, pidió la semana pasada una mayor contribución de los países implicados en la guerra contra el terrorismo.

En este sentido, el Departamento de Estado explicó en un comunicado que disminuye esta partida con la expectativa de que otros países miembros de organismos internacionales “harán frente a su justa contribución”.

También en la columna de recortes se encuentra la Organización Mundial para la Salud (OMS), que sufre una considerable reducción cercana al 50%, que pasaría de recibir $ 111.402 millones en 2017 a $ 58.176 millones en 2019.

La asistencia para migración y refugiados también se verá reducida, al pasar de recibir $ 3.366 millones en 2017 a $ 2.800 millones en 2019.

Después de esta propuesta del mandatario será el Congreso el que debatirá el programa de infraestructura y el presupuesto. Se espera que Trump reciba esta semana a legisladores demócratas y republicanos para discutir esos temas. (I)

EE.UU. discute el destino de 1,8 millones de ‘dreamers’
El debate abierto en el Congreso de Estados Unidos sobre inmigración, que el senador republicano Mitch McConnell prometió -el mes pasado- comenzó la noche de ayer y se pronostican resistencias.

La mayor parte de la cobertura de este tema se centra en los activistas latinos y los grupos de inmigración que han ocupado oficinas en el Congreso u organizando protestas a gran escala para pedir la posibilidad de otorgar la ciudadanía a 1,8 millones de ‘soñadores’ (dreamers). Sin embargo, esta pelea también representa una gran prueba para los grupos conservadores, quienes temen que el presidente Donald Trump acabe cediendo para obtener un acuerdo.

Los demócratas se centran en aprobar un proyecto de ley estrecho para proteger a los ‘soñadores’, los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Pero Trump dice que está dispuesto a dar la ciudadanía, si obtiene fondos para un muro fronterizo con México, restricciones a la migración legal familiar y un fin del programa de lotería de diversidad.

Trump responsabiliza de ataques terroristas internos y crímenes violentos a beneficiarios de la lotería de visas y de la reagrupación familiar.

Por otro lado, siguen en el limbo los 690.000 ‘soñadores’ registrados en el programa  Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que podrían empezar a perder sus protecciones contra la deportación.

La fecha de expiración del programa -el 5 de marzo- no está grabada en piedra, pues un juez de San Francisco temporalmente bloqueó el fin de las protecciones de DACA ordenado por Trump a finales del año pasado.

Aunque se apruebe la ley que ayudará a los 1,8 millones de ‘soñadores’, el texto estaría lejos de solventar el estado de la inmigración ilegal: unos 12 millones de personas viven de manera clandestina en Estados Unidos. (I)