La Casa Blanca que planea apelar una decisión judicial que bloqueó su política de enviar a México a esperar a los indocumentados que solicitan asilo en EE.UU., y advirtió de que hará lo que sea "necesario" para defender las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Pretendemos apelar (esta decisión), y tomaremos todas las medidas necesarias para defender los esfuerzos legales de la rama ejecutiva para defender la crisis en nuestra frontera sur", indicó la Casa Blanca en un comunicado.

El juez federal Richard Seeborg, del distrito Norte de California, con sede en San Francisco, emitió este lunes una orden preliminar que entrará en efecto el próximo viernes, y que impedirá al Gobierno de Trump "implementar o expandir el programa" de envío a México de los demandantes de asilo.

Bajo la ley de EE.UU., los inmigrantes indocumentados que entran al país y reclaman asilo tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración, siempre que superen una primera entrevista en la que un funcionario evalúa si tienen un "miedo creíble" de persecución en su lugar de origen.

Ante las denuncias de Trump de que esa legislación dificulta la deportación de los indocumentados, su Gobierno comenzó a aplicar en enero un programa titulado "Protocolo de Protección de Migrantes", por el que se exige a los inmigrantes que esperen en México a que se tramite su petición de asilo en EE.UU.

Desde que comenzó a implementarse esa política, se han enviado a México a unas 400 personas en espera de que se resuelvan sus casos, según cifras de Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

La Casa Blanca basará su apelación de la decisión del juez de San Francisco en el argumento de que esa orden "socava gravemente la capacidad del presidente para afrontar la crisis en la frontera con las herramientas que ha autorizado el Congreso, y afecta al desarrollo de las relaciones exteriores" de EE.UU., dice la nota.

La oficina de Trump criticó duramente la Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las cortes del resto del país y que se ha erigido en favorita para los activistas que presentan demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria.

Fue el Noveno Circuito, al que pertenece San Francisco, el que invalidó el polémico veto migratorio impuesto por Trump a los ciudadanos de varios países, casi todos de mayoría musulmana, aunque el Tribunal Supremo de EE.UU. dio finalmente la razón al presidente estadounidense en esa batalla el año pasado.

La nueva batalla por la política de asilo podría acabar también en el Supremo, compuesto por cinco jueces de tendencia conservadora -dos de ellos nominados por Trump- y cuatro progresistas.

La Casa Blanca denunció que "una y otra vez, un único distrito judicial ha reescrito, suspendido o cancelado unilateralmente la ley migratoria para todo el País, creando una crisis sin precedentes en la frontera sur". (I)