Washington.-

Scott Pruitt, director de la agencia estadounidense de Protección Ambiental (EPA, en inglés), firmó el martes un cambio normativo que elimina las medidas adoptadas por el exgobierno de Barack Obama para enfrentar el cambio climático.

En 2015, Obama firmó el Plan de Energía Limpia (PEL, por sus siglas en inglés) con el objetivo de limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las centrales alimentadas por carbón. Su visión era disminuir el 32% las emisiones de CO2 hasta 2030 con respecto a 2005. No obstante, Pruitt eliminó los efectos del PEL, un paso que causó la cólera de numerosas entidades no gubernamentales dedicadas a la protección ambiental.

La eliminación del Plan de Energía Limpia era una promesa de campaña de Donald Trump, quien ya amenazó con retirarse del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que también fue firmado por Obama  con otros 195 países.

De acuerdo con Pruitt, era necesario eliminar el Plan de Energía Limpia porque con esa medida “las regulaciones impuestas por el gobierno de Obama se excedió en la autoridad que tiene la EPA por estatuto”.

Con la firma, la Propuesta de Reforma de Reglas será publicada en el Federal Register (Diario Oficial estadounidense) y tendrá que esperar  un plazo de 60 días por comentarios públicos, aunque la nueva normativa claramente será implementada.

¿A quién favorece esta medida?

Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Idris, por sus siglas en inglés), analizó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. protagoniza una situación chocante: “Una agencia pública creada para proteger el medio ambiente adopta decisiones que justamente van en sentido contrario: encaminadas a desproteger el medio ambiente”.

Antonio Cerillo, editorialista del diario La Vanguardia, destacó ayer que llama la atención la complicidad entre la administración Trump y empresas altamente contaminantes (térmicas de carbón y del sector petróleo).

La administración no invoca los principios del bien común o el interés general. “Hay una connivencia explícita con intereses empresariales muy particulares”, destacó Ribera.

Cerillo, por su parte, enfatizó que esta decisión abre la puerta a los países que se sientan afectados por las consecuencias del cambio climático a emprender acciones de denuncia al juzgar que se ocasiona un daño deliberado en el sistema climático.

De acuerdo al portal Energia 16, Alejandra Núñez, abogada del Sierra Club, principal grupo medioambiental de EE.UU., denunció que la revocación del CPP es “absurda” y “dejará vulnerables a millones de personas expuestas a enfermedades respiratorias y coronarias, y muerte prematura”.

Aunque la decisión aísla más a EE.UU. en la esfera internacional. No es un mazazo definitivo para el Acuerdo de París; pero puede agravar sus carencias. Los países sentirán menos presión para ser ambiciosos a la hora de cumplir los objetivos de la Unión Europea (UE) para disminuir las emisiones de gases.

Sam Adams, director del World Resources Institute, declaró: “Esta propuesta ignora completamente cómo contribuyen las emisiones en los impactos climáticos globales. Tras la avalancha de huracanes, impulsados en parte por el calentamiento de los mares, ahora no es el momento de retroceder”.

En tanto, el Comité Nacional del Partido Demócrata recordó que la misión fundamental de la EPA es “proteger la salud humana y el ambiente. Aparentemente, nadie ha compartido esa información con el señor Pruitt”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, calificó de “decisión correcta” la derogación del CPP, sobre la que, dijo, fue “una amplia e ilegal expansión de la autoridad gubernamental en el sector de la energía” y “devastadora” para la industria del carbón.

Desde que fue nombrado al frente de la EPA, Pruitt afirmó que la eliminación del PEL representaría una economía de $ 33.000 millones hasta el año 2030.

El carbón sigue siendo un elemento fundamental en la industria energética estadounidense.

En 2015, el carbón era responsable del 21% de la energía eléctrica del país, contra el 32% que dependía del gas natural, el 28% por petróleo y derivados, el 11% de energías renovables y el 9% tenía origen en centrales nucleares. (I)