El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer su apoyo a un esfuerzo bipartidista para mejorar el sistema nacional de verificación de antecedentes para la compra de armas, en medio de llamados urgentes a una reforma a raíz del tiroteo en una escuela de Florida.

“Mientras las discusiones están en curso y se están considerando revisiones, el Presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes”, indicó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Trump se somete a una presión cada vez mayor para tomar medidas después de que el miércoles de la semana pasada un adolescente identificado como Nikolas Cruz, exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, Florida, abriera fuego en los pasillos del establecimiento educativo y matara a 17 personas.

Cruz, de 19 años, compareció ayer ante un tribunal de Fort Lauderdale, para una audiencia técnica en la que no habló. Fue su primera aparición pública desde que fue detenido sin derecho a fianza por cargos de asesinato premeditado.

El adolescente obtuvo la autorización para comprar su arma, un fusil semiautomático, a pesar de tener antecedentes policiales de comportamiento violento.

Estudiantes que sobrevivieron al ataque llamaron a una marcha en Washington para exigir cambios en las leyes de armas de Estados Unidos, desafiando a Trump y a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).

De acuerdo con la revista Rolling Stone, la NRA financió con $ 70 millones la campaña presidencial de Trump.

Sanders agregó que el presidente habló con los senadores Chris Murphy (demócrata) y John Cornyn (republicano), patrocinadores conjuntos de un proyecto de ley para establecer una base de datos nacional, exigiendo a los estados y las agencias federales que informen con más frecuencia sobre delitos que impedirían que un individuo compre un arma.

Se trata, no obstante, de una solución técnica limitada, que deja sin resolver el problema más amplio de las permisivas leyes de armas bajo una enmienda constitucional que protege el derecho a portarlas.

Una encuesta de opinión de la Universidad de Quinnipiac en noviembre descubrió que el respaldo para las verificaciones de antecedentes alcanzó un récord, con 95% de los votantes a favor. (I)