Un tribunal federal de Alabama (EE.UU.) bloqueó hoy temporalmente cuatro de las partes más polémicas de una ley estatal contra los inmigrantes indocumentados y dejó en pie otras, enfrentando nuevamente a grupos a favor y en contra de una reforma migratoria en el país.

Como resultado de la decisión del tribunal, las autoridades del estado de Alabama no podrán -al menos por el momento- arrestar a indocumentados que soliciten o realicen trabajos en lugares públicos o privados, ni podrán arrestar a personas que oculten, transporten o alberguen a indocumentados.

Tampoco se prohibirá que las compañías puedan declarar como gasto empresarial, a efectos de impuestos, los salarios pagados a trabajadores indocumentados

La ley HB56, que criminaliza la presencia de indocumentados en Alabama, fue objeto de demandas por parte de la Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, y de grupos cívicos y religiosos a principios de agosto pasado.

En su dictamen de 115 páginas, la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn, prohibió al Gobierno estatal de Alabama que aplique cuatro de las cláusulas contenidas en esa ley, promulgada por el gobernador Robert J. Bentley el pasado 9 de junio.

Sin embargo, la juez no se pronunció sobre la constitucionalidad de la HB56 que, según sus detractores, atropella los derechos civiles de los inmigrantes e interfiere en una labor que sólo corresponde al Gobierno federal.

En general, la decisión de la jueza favorece principalmente a patronos y empresas.

La juez dejó en pie una cláusula que, para efectos prácticos, convierte a las autoridades escolares en agentes de inmigración, y otra que exige que la policía, cuando detenga a alguien por alguna infracción, le pida los "papeles" si sospecha que es inmigrante indocumentado.

Mark Kennedy, dirigente del Partido Demócrata de Alabama, consideró que la HB56 dará carta blanca "a la discriminación racial y la injusticia", pero aseguró: "la batalla legal apenas comienza y esperamos que si se apela el dictamen, los tribunales de apelación optarán por un rumbo distinto".

Grupos defensores de los inmigrantes expresaron malestar por el dictamen y pidieron aumentar el activismo a favor de la reforma migratoria.

La comunidad inmigrante debe presionar al Gobierno "para que finalmente demuestre liderazgo y valentía para arreglar de una vez por todas nuestro sistema migratorio, y así quitarle espacio a medidas como las de Alabama que criminalizan a los inmigrantes", dijo a Efe Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración.

Frank Sharry, director ejecutivo de "Americas Voice", dijo que se trata de "un dictamen atroz" porque la HB56 no solucionará el problema de la inmigración ilegal, "empeorará el sistema y enfrentará a unos grupos contra otros".

"El Gobierno federal está a cargo de la política migratoria y es el que tiene que arreglar lo que no funciona (...) la ley de Alabama incita los peores temores de los estadounidenses en vez de fomentar nuestros mejores instintos", afirmó.

Eliseo Medina, del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), tachó de "vergonzoso" el fallo porque, por ejemplo, los estudiantes han quedado privados de protecciones consagradas en la 14 enmienda de la Constitución.

Pero Dan Stein, presidente de la conservadora Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense (FAIR), aplaudió el dictamen porque, a su juicio, "ofrece alivio a los residentes de Alabama" y significa que otros estados aquejados por el costo de la inmigración ilegal pueden tomar medidas ante la inacción de la Administración Obama.

La ley de Alabama se inspiró en la SB1070 de Arizona de 2010, que está frenada parcialmente en las cortes.

Entre otros elementos, la HB56 exige que las escuelas públicas determinen el estatus migratorio de todos los estudiantes, y obliga a las empresas a que usen el programa "E-Verify" para verificar el estatus legal de sus nuevos empleados, so pena de multas.

Alabama es el quinto estado de EE.UU. en adoptar leyes para combatir la inmigración ilegal, ante la ausencia de una vía para la legalización de los once millones de inmigrantes indocumentados en el país.