El Congreso estadounidense comienza este jueves a analizar la reforma de leyes sobre vigilancia electrónica, un proceso desencadenado por las revelaciones de Edward Snowden, y a pesar de las afirmaciones del presidente Barack Obama sobre la legalidad de estos polémicos programas.

El director nacional de inteligencia, James Clapper, y el director de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), el general Keith Alexander, participarán hoy de una audiencia pública de la comisión de Inteligencia del Senado. Ambos serán interrogados por primera vez sobre las propuestas concretas de reforma del inmenso aparato de vigilancia estadounidense.

Al frente del orden del día: el programa de recolección sistemático de los "metadatos" de todas las llamadas telefónicas en Estados Unidos, revelado en junio por el exinformático de la NSA Edward Snowden.

Los números, horas y duración de todas las llamadas que pasan a través de los operadores estadounidenses (y no el contenido de sus conversaciones) son almacenados en una base de datos de la NSA desde 2006, una gigantesca bolsa de información cuya utilidad defiende la agencia para detectar eventuales amenazas de actos terroristas.

Según el general Alexander, solamente 22 personas pueden acceder a esos datos.

El jefe de la NSA reveló que 54 atentados fueron desbaratados en el mundo gracias a este programa y a otro que permite interceptar el contenido de las comunicaciones en internet de extranjeros desde fuera del territorio, a través de servicios como Facebook o Skype.

Pero esa cifra es puesta en duda por los congresistas. "Jamás nos ha sido probado que la recolección a granel de datos ha proporcionado inteligencia de valor que haya conducido individualmente a desbaratar atentados", dijo el miércoles el senador demócrata Mark Udall, coautor de un proyecto de ley para prohibir la recolección general de metadatos telefónicos y electrónicos.

Él y sus colegas critican la interpretación exorbitante hecha por el FBI y la NSA del artículo 215 de la ley "Patriotic Act" (Acta patriótica), votada en medio de la efervescencia provocada por los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Según ellos, la incautación de los relevamientos telefónicos de todos los estadounidenses viola la cuarta enmienda de la Constitución, que protege a todos los estadounidenses contra los registros excesivos.

"Los estadounidenses sin vínculos con el terrorismo o el espionaje no deberían tener el temor de que la NSA registre todas sus informaciones personales", estimaron.

Reforma del tribunal secreto

Obama dijo desde un primer momento ser favorable al debate. A su pedido, documentos ultrasecretos han sido desclasificados. Según los respectivos campos, ellos revelan la amplitud de las violaciones de la vida privada de los estadounidenses por la NSA, o la calidad de los procedimientos de auditoría interna de la comunidad de inteligencia.

"Esto es un buen punto de partida, pero con toda honestidad, ellos publicaron lo que estaban obligados a publicar bajo presión de la justicia, del Congreso y de la opinión", dijo a la AFP Michelle Richardson, de la asociación de defensa de las libertades (ACLU), que ha presentado una demanda contra la administración.

Richardson advirtió que, por ejemplo, ningún documento importante que describa los programas de espionaje en internet (entre ellos Prism) ha sido desclasificado.

El presidente parece abierto a una reforma del funcionamiento del tribunal secreto encargado de validar regularmente la arquitectura de los programas de vigilancia, el llamado Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), integrado por 11 jueces y cuyas sesiones y decisiones son secretas.

Los senadores quieren crear el puesto de "abogado constitucional", independiente y cuyo papel sería el de aportar contradicciones al gobierno federal ante los jueces.

Los reformadores estiman contar con viento de popa: en julio, 205 demócratas y republicanos de la Cámara de representantes (sobre 435) casi consiguieron hacer adoptar una medida que habría puesto fin al programa de recolección de datos telefónicos, una advertencia tomada muy en serio por la Casa Blanca.