La tragedia en el estadio egipcio de Port Said, que dejó un saldo provisional de  74 muertos,  más de mil heridos  y cerca de 50 detenidos   debido a enfrentamientos entre hinchas de fútbol,   se convirtió ayer en una crisis política y generó también choques  entre  policías y manifestantes.  

En una sesión de urgencia  en el Parlamento, el poder egipcio anunció ayer el cese de la dirección de la federación egipcia de este deporte,  la dimisión del gobernador de Port Said y también la dimisión de los principales responsables de la seguridad en el estadio de esta ciudad.  El primer ministro Kamal al Ganzuri anunció las medidas en un debate parlamentario muy agitado.  

Ganzuri reconoció también su responsabilidad política por los disturbios y aseguró que está dispuesto a rendir cuentas si se lo piden, mientras que un grupo de diputados pidió la dimisión de su gabinete.

Paralelamente, la Junta Militar de Egipto declaró   tres  días de luto nacional por los disturbios de anoche en la mayor tragedia del fútbol egipcio, en la ciudad mediterránea de Port Said, en un comunicado en su página de Facebook.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anunció, además, la formación de un comité de investigación de los sucesos para identificar a los responsables de la tragedia ocurrida tras el partido entre el club local, Al Masry y el cairota Al Ahly. La Unión Europea pidió una “investigación independiente” sobre la masacre.

Numerosos testigos acusaron  de inoperancia a la fuerza pública y criticaron las fallas en el dispositivo de seguridad del partido.

La violencia estalló el miércoles por la noche después de que el árbitro pitara el final del partido en el que Al Masry, un club de Puerto Said, infligió a Al Ahly su primera derrota (3-1) de la temporada.

En ese momento, cientos de hinchas del Al Masry invadieron el terreno de juego y empezaron a lanzar piedras y botellas contra los del Al Ahly, de acuerdo con testigos.

Según explicó a Efe otro  testigo presencial de los hechos, Hosam Mohamed Mustafa, los hinchas del Al Masry amenazaron de muerte desde el comienzo del encuentro a los seguidores y jugadores rivales, y al final se lanzaron al campo para perseguirlos.

El presidente de la Asamblea, Saad al Katatni,  miembro del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de los Hermanos Musulmanes, primera fuerza política del país, consideró que “la revolución egipcia afronta un gran peligro”. “La masacre de Port Said se debe a una tremenda negligencia de los servicios de seguridad”, declaró, sin llegar a pedir la caída del gobierno.

Los Hermanos Musulmanes, grandes vencedores de las últimas elecciones legislativas, acusaron a los partidarios del ex presidente Hosni Mubarak de estar detrás de la violencia.

Ellos   sospechan de una “mano invisible” que organizó los disturbios o al menos los permitió y, en opinión de los partidos islamistas y liberales, deseosas de castigar a los seguidores radicales del equipo cairota Ahly por su importante participación como fuerza de choque en las manifestaciones contra la dictadura, publicó el diario español  El País.

Katatni consideró que las fuerzas de seguridad no cumplieron ni con su misión ni con su profesión por la falta de organización ante estos acontecimientos.

Mientras tanto, policías dispararon ayer  gases lacrimógenos contra manifestantes que se acercaban al Ministerio del Interior de El Cairo para expresar su indignación por los enfrentamientos sangrientos en el estadio de  fútbol de Port Said, constató un periodista de la AFP.

El saldo de los choques entre hinchas del equipo Al Ahly y miembros de las fuerzas de seguridad fue de más de 200 personas heridas, según informó a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad. 

Los manifestantes, enfurecidos contra los  militares y la policía, marcharon hacia el Ministerio del Interior donde la policía antidisturbios les lanzó granadas lacrimógenas. Según un responsable de la seguridad, los manifestantes lanzaron piedras a los gendarmes.

El subsecretario de Salud, Hisham Shiha, explicó que 40  de los heridos fueron ingresados en hospitales, mientras que el resto fue atendido en el lugar, en los alrededores del Ministerio del Interior.