Fair Porras Bernal, de 26 años y con una discapacidad mental, desapareció de su casa en Soacha el 8 de enero del 2008 y fue asesinado 4 días después en Ocaña, Norte de Santander, Colombia.

Detrás de la muerte de Porras están miembros del Ejército Nacional, ya condenados, quienes dejaron el cuerpo sin vida del joven en una fosa común y lo presentaron como un guerrillero muerto en combate, en lo que después fue denunciado y conocido como ‘falso positivo’.

Su madre, Luz Marina Bernal, dijo al diario local El País que quiere que se reconozca el crimen de su hijo como un acto sistemático, una petición que tenía previsto realizar ayer al exponer su testimonio ante los negociadores de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en La Habana.

Bernal es una de las 12 víctimas que viajó a La Habana como representante de los afectados por el conflicto armado entre la guerrilla y el Estado. Pero, especialmente, como vocera de esas madres de Soacha que durante meses buscaron a sus hijos y que luego tuvieron que cargar con la sorpresa de que habían muerto a kilómetros de distancia en un hecho que no tenía sentido.

Entre estas 12 víctimas, de las 60 que podrán dar su testimonio, figuran personas que perdieron a sus seres queridos en algunas de las peores matanzas que estremecieron a Colombia en las últimas décadas. Entre ellas hay víctimas de la guerrilla, de agentes del Estado (militares y policías), de paramilitares de narcotraficantes y de distintos grupos armados combinados.

El primer cara a cara entre víctimas y los negociadores del Gobierno colombiano y de la guerrilla se inició  ayer, a puerta cerrada, en el salón de protocolo del exclusivo recinto de ‘El Laguito’, en La Habana. La sesión, que se realizó en un ambiente de respeto, según fuentes consultadas, marcó el arranque de la fase más dramática y compleja de las negociaciones de paz en La Habana, iniciadas en noviembre de 2012. El propósito es que los negociadores escuchen el testimonio de cada una de las víctimas, que exigen una reparación, justicia y verdad.  

“Es la primera vez”, dice Ana María Bidegaín, “que se tiene en cuenta a las víctimas. Ahora todas las partes tienen que admitir sus crímenes”, sentencia.

El esposo de Bidegaín, Carlos Horacio Urán, fue torturado y ejecutado después de la toma del Palacio de Justicia en 1985, en Bogotá, por grupos de la guerrilla izquierdista M-19. El gobierno colombiano se negó a negociar y el ejército retomó por asalto la entidad. Casi 100 personas murieron en este episodio.

Los 50 años de confrontación armada en Colombia han dejado 6,5 millones de víctimas, entre ellas 5,7 millones de desplazados, 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos y 27.000 secuestrados, según datos del Centro de Memoria Histórica de Colombia.