El canciller argentino, Héctor Timerman, negó este lunes haber recibido una carta del comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, que advierte sobre la "seria preocupación" que causa la decisión de Argentina de expropiar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a la española Repsol.

"No existe ninguna carta. Ya estamos acostumbrados a que la Unión Europea haga anuncios que después no concreta", afirmó Timerman a la estatal agencia Télam.

En la misiva, distribuida al final de una reunión ministerial de Comercio del G20 celebrada la semana pasada en México, De Gucht expresa su "seria preocupación" por el clima de negocios y la inversión en Argentina y particularmente por "ciertas decisiones recientes del Gobierno argentino" que amenazan "con poner en riesgo las relaciones comerciales globales y de inversión".

La carta fue distribuida el pasado viernes en la mexicana Puerto Vallarta por el jefe de la misión de la UE en Ginebra, Angelos Pangratis, que fue el representante europeo en la reunión ministerial de Comercio del G20, bloque que integra Argentina.

El texto está dirigido a Timerman con copia a los ministros de Economía y de Industria de Argentina, Hernán Lorenzino y Débora Giorgi, respectivamente.

La Unión Europea indica en el texto que "deja abiertas todas las opciones posibles para llevar este tema al nivel multilateral y bilateral", y considera que la expropiación de YPF "envía una señal muy negativa desde el Gobierno argentino a todos los inversores internacionales" en esa nación.

"La expropiación de las acciones de YPF -agrega- se suma a una creciente lista de decisiones problemáticas adoptadas por Argentina en el pasado reciente en el área de comercio e inversiones".

De Gucht menciona el número creciente de restricciones a las importaciones adoptadas por Buenos Aires y asegura que es consciente de las "consideraciones legales muy graves" que tienen estas medidas para la perspectiva de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Recuerda que la UE es el segundo mercado para las exportaciones argentinas y se mantiene como el principal inversor en ese país, con cerca del 50 por ciento de todos los flujos de inversión directa en esa nación sudamericana.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, dispuso el pasado lunes pasado la intervención de la petrolera y envió al Parlamento, de mayoría oficialista, un proyecto de ley para la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la compañía en manos de Repsol, dueña del 57,43 por ciento, y también de tenencias de la empresa española en su controlada YPF Gas.

La iniciativa, que cuenta con el respaldo del oficialismo y sectores de la oposición, será debatida el miércoles en el Senado y luego será enviada a la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Argentina anunció que no pagará los 10.000 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) que cifró el presidente de Repsol, Antonio Brufau, en compensación por las acciones que le serán expropiadas al grupo.

"Siempre se va a indemnizar con los valores que corresponda, los de verdad, no los que se les antoje a este señor que ha sido el responsable de esta situación de saqueo y depredación a la que han sometido a YPF", dijo hoy el senador y exjefe de Gabinete Aníbal Fernández a la televisión local.

La presidenta Fernández garantizó el viernes pasado que por respeto a la "soberanía" de España no responderá a las represalias anunciadas por el Gobierno de Madrid, que ha tomado medidas para limitar las importaciones de biodiésel de Argentina a raíz de la expropiación de YPF.