La principal declaración que recibieron este viernes los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia fue la de María del Rosario Zaldívar, secretaria del presidente del referido banco en la época en la que se dieron los movimientos de dinero.

Relató que el presidente del Banco Cuscatlán de la época Mauricio Samayoa, fallecido en 2015, le ordenó que diera "todas las facilidades" al empleado del Gobierno Pablo Gómez cobrar cheques por cantidades superiores a los 50.000 dólares y transferir fondos al partido de Saca, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Zaldívar apuntó que a raíz de estos movimientos la "oficial de cumplimiento" elaboró un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para enviarlo a la Fiscalía, pero Samayoa lo frenó.

"El presidente del banco giró instrucciones de que se obviara el Reporte de Operaciones Sospechosas de ese cliente", por lo que las transacciones "raras" continuaron, apuntó la testigo, quien señaló que nunca se había dado una orden similar para otros clientes.

Por su parte, Claudia Beltrán, subgerente de la sucursal "empresarial" a la que acudía Gómez, señaló que las transferencias de dinero de las cuentas estatales a las de Arena se daba mediante la remesa de un cheque.

Relató que los fondos eran trasladados a la cuenta de Arena sin que se identificara a la persona que solicitaba la transferencia, pese a que eso estaba contra la "política del banco" y que esta manera de mover los fondos fue autorizada por Jorge Bahaia, directivo del banco.

Según reportes de la prensa local, Bahia era tesorero de Arena y "primer designado" a ocupar la Presidencia en ausencia del presidente y vicepresidente durante la gestión de Saca.

"Tony" Saca, como es conocido popularmente el exmandatario, confesó el pasado 9 de agosto que pidió al referido banco un "trato preferencial", para evitar los controles acostumbrados.

El ex jefe de Estado admitió los delitos de peculado y lavado de dinero en un "juicio abreviado" para recibir una pena de 10 años de prisión y evitar la condena máxima de hasta 30 años de cárcel.

Al mismo proceso se acogieron el exsecretario privado Elmer Charlaix y el exgerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga, quienes se espera purguen 10 y 6 años.

El exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera aceptó recibir 3 años de cárcel por peculado, mientras que Julio Rank y César Funes, exsecretarios de Comunicaciones y Juventud, acordaron la pena de 5 años por el mismo delito.

Únicamente el exempleado Pablo Gómez no pactó y enfrenta un proceso "común", por lo que se expone a recibir hasta 30 años de prisión.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción, dado que su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), falleció antes de que se formalizase un proceso en su contra. (I)