La tenencia de la tierra y la concentración de la propiedad en el campo, que dio origen al conflicto armado en Colombia hace casi medio siglo, abrirá el próximo jueves en La Habana la agenda del diálogo entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC).

Definido por el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, como “uno de los aspectos centrales del conflicto” y “causa histórica de la confrontación de clases en Colombia”, un acuerdo sobre ese punto en la mesa permitiría desmontar las principales contradicciones entre las partes, destacaron expertos.

“La guerra en Colombia ha sido una guerra principalmente rural que ha afectado a grandes masas campesinas, por lo tanto el tema agrario se convierte en el puente de oro que le permite a las guerrillas salir del conflicto y entrar a la participación política popular”, dijo Alejandro Reyes, sociólogo y analista del portal Razón Pública.

En tanto, María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, consideró que la mesa de diálogo “puede mostrar  avances concretos con acuerdos en el tema agrario. Eso es factible en una cuestión de meses y le daría oxígeno al proceso”.

Los problemas en el campo están relacionados  con la desigualdad en el acceso a la tierra, la informalidad en los derechos de propiedad y el despojo de predios en medio del conflicto armado.

En Colombia, 52% de la  propiedad rural está concentrado en 1,15% de la población; mientras que el resto tiene terrenos pequeños y medianos, según el informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Cifras oficiales, en las que coinciden la ONU y el Ministerio de Agricultura, indican que en el país hay 38 millones de hectáreas usadas para ganadería, cuando el potencial para esta actividad es solo de 21 millones. En contraste, de un total de 21,5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solo se les da ese uso a 3,8 millones.

Además, la violencia en el campo ha causado a lo largo de las décadas el desplazamiento forzado de más de 3,7 millones de personas.

Alejo Vargas, politólogo de la Universidad Nacional, considera que la propiedad de la tierra es un tema que históricamente ha estado ligado a la violencia colombiana, no solo a este conflicto, sino antes también a la violencia entre liberales y conservadores.

“En una sociedad como la colombiana donde ha sido una fuente de poder político, donde nunca se hizo una reforma agraria, es un asunto bastante complejo”, refirió.

Tierras despojadas

En un intento por reparar esa situación, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos aprobó una ley de restitución de tierras, mediante la cual se han realizado hasta ahora 23.199 requerimientos de devolución correspondientes a 1.754.275 hectáreas.

La meta es devolver 2 millones de hectáreas de tierras arrebatadas y otras 4 millones de hectáreas que quedaron en el abandono.

Aunque no tienen representación en la mesa de diálogo, los empresarios del agro quieren dejar clara su posición.
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, subrayó que la petición de los gremios es de respeto a la propiedad privada obtenida legalmente frente a las tierras que han conseguido ilegalmente los grupos armados.

El gobierno tiene que recuperarlas y devolverlas a sus legítimos dueños”, enfatizó Mejía.
Paramilitares de extrema derecha y narcotraficantes, pero también la guerrilla, son acusados como expropiadores de tierras en las últimas décadas en Colombia.

En tanto, los campesinos reunidos en la Mesa Agraria Nacional buscan que el proceso de diálogo atienda los requerimientos que históricamente venimos haciendo para que haya una paz real y duradera, “que el campesinado deje de ser víctima de la guerra”, dijo Julio Fuentes, uno de sus dirigentes.

Para Reyes, con la ley de restitución de tierras y el plan de desarrollo rural integrado, Santos tomó la iniciativa y lleva ventaja a la hora de conversar con las FARC.