La decisión de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner conlleva que el Estado controle del 51% del capital de YPF. Esto no ha tardado en tener una respuesta casi unánime en la prensa española. La prensa hegemónica y dependiente de los grupos de poder han coincidido en tildar tal actuación como un ataque directo a los intereses españoles. De la misma forma, así se han expresado los dos grandes partidos políticos españoles. Populares y socialistas siguen defendiendo el programa económico neoliberal que sí tiene efectos adversos a los intereses de la gran mayoría del pueblo español.

El Estado español -y mucho menos los españoles- poco tiene que ver con Repsol. La mayoría del capital de Repsol no es patrio. Se encuentra participada mayormente por empresas extranjeras de la siguiente manera; 9,49% de Pemex  (empresa mexicana) y 42% de fondos de inversión extranjeros, y el resto, menos de la mitad, para dos grupos económicos, 12,83% de CaixaBank y 10,01% de Sacyr, que representaría a dos grupos económicos españoles; el 9,90%, para fondos de inversión españoles, restando solo el 10,80% para inversores minoritarios españoles.

Las declaraciones del Gobierno español de rechazo a esta medida fueron justificadas sobre la base de la defensa de los pequeños accionistas. Estos inversores pequeños no sólo representan a una minoría del capital privado, sino que tampoco constituyen -en absoluto- la gran mayoría del pueblo español afectada por el desempleo, por una reforma laboral que mercantiliza aún más al trabajador y que padece recortes sociales.

Argentina muestra de nuevo que su política es soberana. Lo hizo con el manejo de la deuda, con el manejo de los fondos de la jubilación, y ahora lo hace con los recursos estratégicos del país tratando al petróleo no como mercancía (commodity) sino como bien no renovable de interés nacional. España, por el contrario, sigue con su salida neoliberal frente a la crisis del neoliberalismo, aceptando la presión como país periférico dependiente de la política de los países centrales europeos. Desde el año 2010, España sufre las continuas injerencias políticas de los mal denominados mercados a través del Gobierno conservador de Alemania y de los secuestrados organismos internacionales. La política española cedió su soberanía a la falsa independencia del Banco Central Europeo, a las evaluaciones de riesgo de empresas privadas que son juez y parte, a la especulación sobre la prima de riesgo, y a la tasa de ganancia de varios grupos económicos. España solo ha decidido ser soberana asumiendo las pérdidas de la banca privada española.

Es complicado que el Gobierno español entienda la medida del Gobierno argentino porque tienen concepciones contrapuestas de la soberanía; el primero la circunscribe a los mercados, y el segundo, a su pueblo. Son lenguajes y claves diferentes, apuestas por patrones económicos distintos. Argentina ya sabe lo que es pasar por esta neoliberalización de la soberanía en la década de los noventa, y al otro lado del charco, los gobiernos españoles (PSOE o PP) aún siguen apostando por más de lo mismo. El actual Gobierno de España ha decidido rendir pleitesía a exigencias de grupos económicos extranjeros o estatales, en vez de preocuparse lo más mínimo por una economía real desahuciada por la especulación que tiene como fruto más de cinco millones de desempleados.

Emulando a Margaret Thatcher, cuando  utilizó el conflicto de las Malvinas en 1982 en Gran Bretaña para correr una cortina de humo sobre los efectos sociales después de sus medidas neoliberales, el gobierno de Mariano Rajoy no ha dudado en buscar sus propias Malvinas después de caer en 6 puntos de apoyo en los últimos tres meses después de su programa de su ajuste. Curiosamente, de nuevo, es contra Argentina. La diferencia es que en los años ochenta, Argentina decidió también aplicar nacionalismo barato en tiempos de dictadura. Hoy la pugna es distinta, el Gobierno argentino ahora disputa por recuperar soberanía en beneficio de su propio pueblo. 

El Gobierno español sigue “malvinizando” su posición considerando que la decisión de Argentina es una decisión en contra de los intereses de España y de los españoles. No obstante, no parece que Repsol haya estado muy preocupado por esta cuestión después de haber recibido 13.246 millones de dólares en concepto de giro de dividendos en su casa matriz en España, entre 1999 y 2011. La estrategia del Gobierno español no dista nada de lo que Naomi Kleim denomina “Doctrina del Miedo”. Sin embargo, no amenaza quien quiere, sino quien puede.