El gobierno  de Cristina Fernández de Kirchner enfrentó su segundo paro general en el último año y medio, en lo que se considera la mayor protesta gremial desde su asunción en 2007. Con piquetes (cortes) en los principales puntos de acceso a la capital para impedir el libre tránsito vehicular y un acatamiento total del transporte público, los gremios opositores lograron paralizar gran parte del país contra la política económica oficial.

La medida fue convocada por  tres de las cinco centrales obreras nacionales: la Confederación General del Trabajo (CGT), del exsindicalista kirchnerista Hugo Moyano; la CGT Azul y Blanca, del exgremialista menemista Luis Barrionuevo y la disidente Central de Trabajadores de Argentina (CTA), de Pablo Micheli, cuya rama oficial del maestro Hugo Yasky respalda al gobierno, al igual que la CGT oficialista liderada por el líder metalúrgico Antonio Caló.

Además la medida fue apoyada por partidos de izquierda trotskista, que lanzaron una ofensiva con decenas de piquetes en diferentes puntos de Buenos Aires.

La capital quedó virtualmente sitiada por estos cortes que impidieron a quienes no se adherían al paro concurrir a sus trabajos. Incluso hubo incidentes menores en la ruta Panamericana, principal punto de acceso a la ciudad, cuando grupos trotskistas se enfrentaron con efectivos de gendarmería. Además, la basura se acumuló en toda la urbe ante la adhesión de los recolectores de residuos.

“El paro tuvo un alto acatamiento”, dijo Barrionuevo, quien en los 90 fue un defensor de las políticas neoliberales del expresidente peronista Carlos Menem y  “padrino” político del entonces joven dirigente liberal y hoy diputado y principal referente opositor Sergio Massa. A Barrionuevo se lo recuerda por un acto fallido célebre cuando dijo en TV que “los argentinos tenemos que dejar de robar por dos años”. Hoy, es  considerado el sostén gremial de Massa, hasta hace unos años jefe de gabinete de Cristina Fernández y ahora líder del opositor Frente Renovador peronista y virtual candidato a presidente para el 2015 .

El paro tuvo un gran cumplimiento, aunque es difícil medir su adhesión real, ya que la falta total de transporte y los piquetes hicieron imposible el libre tránsito de quienes no adherían a la huelga. Además, muchos comercios suelen cerrar sus puertas por temor. “En el último paro general vinieron varias personas al bar y me dijeron: tenés 10 minutos para cerrar, si no, romperemos todo. Y tuve que cerrar”, dijo a EL TELÉGRAFO el dueño de un bar del centro porteño que prefirió mantener el anonimato. Esta vez decidió no abrir su negocio.

Este fue el segundo paro general contra el gobierno de Cristina Kirchner. El anterior se cumplió el 20 de noviembre del 2012. Los gremios opositores celebraron la contundencia del paro, pero se mostraron a disgusto con los piquetes. “Terminan manchando un paro que es legítimo”, resumió Facundo Moyano, hijo del titular de la CGT.

El gobierno consideró “político” el paro. Su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que la medida fue en realidad “un gran piquete nacional con paro de transporte”. En este sector la paralización fue total: en la capital no funcionaron los ómnibus, los trenes ni los subterráneos.  El impacto de la medida era similar en el resto del país.   

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo,  dijo que “este paro no es de los trabajadores que no tienen trabajo. Pregúntenle a los afiliados de (el líder de la CGT Hugo) Moyano... cuánto cobran. Un motorman (chofer de tren) cobra 25 mil pesos promedio; un señalero 20 mil” (entre 3.100 y 2.500 dólares al cambio oficial,  o entre 2.400  y 1.900 dólares en el mercado negro, respectivamente).  El desempleo alcanzó en 2013 el 7,1% según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“La medida beneficia únicamente a las grandes corporaciones que pretenden detener el proceso de inclusión de los sectores históricamente olvidados de nuestra Patria, que encontraron justicia social desde el 2003 con la presidencia de Néstor y hoy con la de Cristina. ¿Qué dirían Perón y Evita de un paro apoyado por la Sociedad Rural?”, escribieron legisladores, alcaldes y dirigentes del oficialista Frente para la Victoria. El presidente de la poderosa Sociedad Rural, Luis Etchevere, afirmó que “de algún modo coincidimos con los reclamos” de los gremios en huelga.

El paro general fue convocado en protesta por la política económica que lleva adelante el gobierno, en medio de un complejo panorama dominado por una inflación que este año sobrepasaría el 30% anual, según mediciones privadas.  Además se llevó a cabo “contra el ajuste” y en reclamo de incrementos de salarios de alrededor del 35%. También los gremios pidieron una quita de impuesto a las ganancias que grava a gran parte de los sueldos.   

“Hay millones de trabajadores que han adherido a la huelga”, afirmó el gremialista Juan Carlos Schmid, aliado de Moyano. Otro dirigente, Omar Plaini, dijo que el gobierno “está tratando de tapar el sol con las manos. No está reconociendo lo que está sucediendo en la Argentina. Una vez más se niega la realidad”, apuntó.

El gobierno lanzó este año una serie de medidas económicas para enfrentar una corrida cambiaria, una importante sangría en las reservas internacionales, caída del consumo y una alta inflación. Por ello devaluó la moneda (un 18% en enero) , elevó las tasas de interés y quitó el 20% de los subsidios a las tarifas de agua y gas, lo que los gremios opositores consideraron un “tarifazo” y un virtual “ajuste”.